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A casi un año de la primera vuelta presidencial, un sector no menor de la sociedad -incluyendo la conversa Margarita Rosa de Francisco- ve con muy buenos ojos que Petro se convierta en el próximo Presidente de Colombia. En momentos donde el péndulo político gira hacia la izquierda y la vara moral es tan baja, es entendible que algunas personas vean a un personaje con su prontuario como el mejor representante para una sociedad -que hoy con la excusa de una reforma tributaria y aprovechando la miseria de la gente por la pandemia- acude a las vías de hecho para destruir ciudades, atacar la institucionalidad y lograr su objetivo.
La regla número uno en manejo de crisis en temas de secuestro y extorsión, es no ceder a las demandas del extorsionista por más que la amenaza parezca real. Guardadas proporciones, el hecho de que Petro hubiese salido en redes sociales amenazando al Presidente de convocar a la desobediencia civil si no retiraba la reforma tributaria, es como si le hubiera apuntado una pistola en la cabeza -al país-. La prueba fehaciente del delito es que hoy, después de varios días incitando a la violencia, campañas de desinformación en redes sociales -y varios muertos- ha logrado su cometido, lo que hoy lo envalentona para ir por más. En mi entender como abogado, esta conducta esta tipificada en el Código Penal como extorsión.
Las comparaciones son odiosas, pero a Petro le aplica el mismo rasero que a Trump -y perdón Mister Trump- pero él puede dispararle a una persona en la séptima y no le va a pasar nada. Muy hábilmente una década atrás, aprovechó el papayazo que le dio Ordóñez y acudió a la Comisión Interamericana de Justicia para obtener status de perseguido político y una serie de medidas cautelares que hoy lo tienen blindado contra cualquier acción del Estado en su contra.
Aunque soy consciente que los verdaderos criminales en Colombia no terminan en la cárcel, pregunto ¿qué paso con las investigaciones del video donde aparecía recibiendo bolsas con dinero en efectivo para financiar su campaña? ¿la de los camiones de basura comprados en Miami que terminaron pudriéndose en un potrero? ¿la del cambio del esquema de recolección de basuras que llevó a indemnizaciones millonarias a las empresas afectadas? ¿la del detrimento patrimonial causado a las arcas del Distrito en la Sitp y en la EEB por medidas populistas sin sustento legal o financiero alguno? ¿o las relacionadas con los negocios de tierras de su cuñado Juan Carlos Alcocer durante su alcaldía? ¿o su relación de negocios con su concuñado Carlos Gutiérrez Robayo, socio de Álvaro Pulido y Alex Saab, testaferros reconocidos de Chávez y Maduro, quienes utilizaron la empresa Trenaco para desviar recursos a Colombia y financiar campañas políticas? ¿o la información que dicen tener los Rodríguez Orejuela sobre la financiación de su campaña? ¿o su participación en la toma del Palacio de Justicia y la masacre de los magistrados? ¿o la relación del M-19 con Pablo Escobar?
En fin, muchos interrogantes sin resolver para un delincuente -que ya una vez- la sociedad colombiana tuvo la grandeza de otorgarle amnistía por los delitos que cometió, sin pagar un solo día de cárcel.
A esta altura del partido, esperaríamos que ya se hubiera reintegrado a la sociedad.
