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La precariedad del sistema judicial y la falta de capacidad investigativa de los cuerpos de policía judicial en Colombia, han llevado a una dependencia casi absoluta en la prueba testimonial. Se trata de aquella donde un tercero que ha sido testigo presencial o de oídas de la comisión de un delito, relata su versión de los hechos. Para que sea considerado como prueba, es necesario que la persona tenga capacidad, no sea parte del proceso y no tenga interés particular en el resultado. El criterio y objetividad del juez son indispensables en la misión de impartir justicia, alcanzar verdad, valorar las pruebas y no violar los derechos del sindicado.
El caso más notorio había sido el de Sigifredo López, cuando uno de los secuestradores de los Diputados del Valle lo acusó de cómplice y la Fiscalía lo imputó. Finalmente logró demostrar su inocencia y fue absuelto, pero doblemente victimizado con base en un falso testimonio y quedando su reputación y honorabilidad manchada para siempre. Con el presidente Álvaro Uribe ocurre algo similar, pero con una pequeña diferencia: en esta ocasión, la Corte es el victimario.
Cuando en 2008 Uribe decidió extraditar a los principales jefes paramilitares debió entender lo que se venía. Lo que seguramente nunca imaginó, es que la Corte Suprema se prestaría para tan burdo juego. Los ‘paras’ en cambio, sí entendieron que tenían la sartén por el mango.
Trabajando para la defensa judicial de empresas multinacionales acusadas de patrocinar grupos al margen de la ley, he tenido que evaluar el testimonio de un sinnúmero de paramilitares, que por años sostuvieron una versión de los hechos y que -de la noche a la mañana- decidieron cambiar su testimonio para enredar a sus antiguas víctimas. Esta tendencia se acentuó poco después de la extradición de los jefes paramilitares, momento en que abogados de víctimas, directores de ONG, y líderes políticos y sociales, empezaron a desfilar por las cárceles del país y de Estados Unidos en busca de testimonios para favorecer sus causas. El modus operandi que hemos podido comprobar -y del cual he rendido testimonio para la justicia en Estados Unidos- no es muy diferente al que viene ocurriendo con el testigo Monsalve.
El testigo siempre pregunta: “y ustedes cómo me pueden ayudar”. Siempre terminan pidiendo dinero para sus familias, para su defensa judicial o en el mejor de los casos, algún tipo de recomendación para el fiscal de turno. Independiente de si fue a Cepeda, a Cadena o a los dos, la valoración del juez debió ser la misma. Por eso, es indispensable conocer la totalidad del expediente, las conversaciones y su contexto.
Pero si algo he podido concluir después de varios años analizando testimonios de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, funcionarios corruptos y delincuentes de cuello blanco, es que la palabra de un criminal no se puede tomar como ‘prima facie’. He insistido en columnas anteriores que un individuo que cambia varias veces de versión, que contradice sus propias palabras, y en la que los elementos de tiempo, modo y lugar no coinciden, su testimonio debería ser desestimado como medio de prueba. Menos aún interponer una medida de aseguramiento o condenar al sindicado, si el único medio de prueba disponible es la versión de un criminal.
