Falsos testigos

La pregunta que me hago cada vez que leo columnas de opinión sobre los testigos en contra del presidente Uribe y sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, es: ¿cuándo debemos creerle a delincuentes confesos que cambian su versión una y otra vez?

Mi respuesta es…¡nunca!

En Colombia se ha vuelto común que los grandes casos judiciales e investigaciones periodísticas en temas de corrupción y derechos humanos estén basados en pruebas testimoniales de dudosa credibilidad, provenientes de delincuentes confesos o falsos testigos mercenarios de la información.

Nuestra justicia, muchas veces parcializada e influenciada por ONG’s, líderes de izquierda y periodistas fletados o con agenda política, basa sus investigaciones y decisiones en esas mismas fuentes de poca credibilidad, sin siquiera cuestionarse sus motivaciones o verdaderos intereses. Peor aún, funcionarios de la rama judicial filtran información violando principios universales del derecho penal -como el debido proceso, la reserva sumarial, el In dubio pro reo y la presunción de inocencia- destruyendo la reputación del acusado.

Esta debilidad en nuestro sistema judicial se debe en gran parte a la falta de preparación de nuestros investigadores judiciales y jueces, la carencia de recursos técnicos y métodos analíticos para desarrollar otros medios de prueba y la politización de la justicia. A eso se suma el afán de entregar resultados, minando la credibilidad del sistema judicial.

En Colombia es costumbre que los delincuentes sean dueños de la verdad. Le creemos más a los mancusos y Odebrecht’s de turno, que a personas que han dedicado su vida al servicio público o a crear empresa. Esto se ha convertido en un cartel de falsos testigos que se vende al mejor postor.

A comienzos de año participé como perito experto en un caso judicial en Estados Unidos en contra de una empresa multinacional acusada de financiar grupos paramilitares y de ser autora intelectual de varias masacres. Me correspondió estudiar el caso a fondo, leer informes de expertos internacionales en el conflicto armado colombiano -algunos profesores de prestigiosas universidades americanas- así como leer miles de horas de testimonio de paramilitares que señalaban a estas empresas de dichas conductas criminales.

Si algo me quedó claro después de este ejercicio -que es aplicable a muchos otros casos en Colombia- es que cualquier testigo que cambie su versión una y otra vez, por el motivo que fuese, no debería ser tenido en cuenta salvo que aporte otras pruebas.

Bajo el sistema penal actual, que busca privilegiar la condena de cabezas de organizaciones criminales sobre los autores materiales, los delincuentes han encontrado en su testimonio una herramienta de extorsión. Esto les permite obtener beneficios judiciales y otras prebendas, réditos políticos y hasta la oportunidad de lavar su imagen, convirtiéndolos en el bueno de la película. Sin restarle importancia a este medio en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, es fundamental analizar el testimonio en su integridad. Para que sea eficaz, se requiere de una rama judicial fuerte, formada y con recursos, de lo contrario se convierte en una burla para la sociedad.

Toda historia tiene dos versiones -y algunos piensan que hasta tres.