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El fin último de una investigación - judicial o periodística- debería ser la búsqueda de la verdad. Pero en Colombia se ha vuelto habitual que algunos periodistas, basándose en denuncias anónimas o en confesiones de presos confesos -y utilizando quirúrgicamente algunos aspectos de sus testimonios, atacan la labor de las autoridades competentes para desprestigiar no solo a los funcionarios de turno, sino afectando la credibilidad de las instituciones que ellos representan.
Lo que no parecen entender algunos periodistas, es que con sus denuncias solo terminan por beneficiar a los verdaderos delincuentes, quienes logran poner en duda toda la actuación de la autoridad competente y desacreditar todo el sistema judicial.
Es importante que los medios y la opinión pública aprendan a diferenciar entre ‘chuzadas ilegales’, como las que contrata un privado a través de un centro de interceptación pirata en algún rincón del país para escuchar a sus contradictores, a las interceptaciones efectuadas por autoridades competentes con base en motivaciones fundadas, cuando consideran que una persona puede estar cometiendo una conducta delictiva o ser una amenaza para la sociedad.
Tenemos que tener cuidado y no meter todas las conductas en la misma canasta.
Sino como creen que las autoridades lograron dar de baja o capturar a personajes como Pablo Escobar, Bin Laden o al Chapo, ¿a punta de notificaciones y edictos? Los grandes casos de corrupción, lavado de activos, fraude, narcotráfico y terrorismo, entre otros, se descifran muchas veces gracias a la capacidad del Estado de poder intervenir las comunicaciones de sospechosos o presuntos criminales.
Tristemente a raíz del escándalo del DAS, se afecto la credibilidad de la función de inteligencia e investigación del Estado y gracias a ello, hoy en día las autoridades tienen que combatir la criminalidad con las manos amarradas.
Y no soy ingenuo en creer que el sistema judicial no es vulnerable y que algunas personas buscan corromper a funcionarios para chuzar ilegalmente a sus enemigos. ¿Si compran jueces, no van a tratar de sobornar a personal de policía judicial para incluir números telefónicos de terceros en ordenes judiciales vigentes?
Frente a ese riesgo, fue que el Fiscal General del momento ordenó una investigación interna para encontrar a esos elementos corruptos en las salas de interceptación. Y ahora resulta que los acusados pasan al ataque para acabar con la reputación de fiscales de carrera y desacreditar sus investigaciones.
Los pájaros tirándole a las escopetas.
Los periodistas en busca de una chiva o por enemistad personal, terminan por creerle más a un puñado de criminales convictos que a los funcionarios que arriesgan su pellejo por protegernos. Deberían tener más cuidado de no ser utilizados por las fuentes y respetar la reserva sumarial y el velo de confidencialidad de los procesos, en vez de salir a ventilar información producto de filtraciones selectivas sin siquiera preguntarse en últimas a quien favorecen o como entorpecen.
Si realmente quieren combatir la criminalidad en todas sus formas, tienen que entender que atacar la labor de las instituciones no solo está debilitando nuestra democracia, sino terminan coadyuvando a los mismos criminales que dicen combatir.
