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Frase célebre utilizada por uno de los peores criminales de la historia de Colombia para referirse a la ausencia de su padre, podría aplicar al caso de Nicolás Petro. Posiblemente la razón por la cual decidió colaborar con la justicia y no inmolarse para salvar a su papá, el hoy Presidente de la República. Sin importar qué tanto sabía o no Petro del ingreso de dineros irregulares a su campaña, existe una responsabilidad moral que no va a poder eludir -así niegue a su hijo-.
Pero independiente de la novela familiar, la gravedad del asunto es que, tanto su hijo, su hermano, Benedetti, Escaf y otros miembros de su círculo cercano, ya aceptaron que sí recibieron dineros de dudosa procedencia para la campaña. Reconocieron que la plata sí se usó para la actividad proselitista -a pesar de que aparentemente se robaron una buena parte de ella-, y aceptaron que dichos ingresos no fueron registrados en la contabilidad y no se reportaron al Consejo Nacional Electoral. Esto como mínimo, se tipifica en un enriquecimiento ilícito al momento de la reposición de votos.
Todas esas faltas no sólo constituyen conductas penales, sino acarrean una responsabilidad política y administrativa que puede terminar con la perdida de la investidura. Así Petro sostenga que su mandato sólo puede terminar por el poder popular.
Y la famosa defensa de “fue a mis espaldas” de Samper tampoco aplica, gracias a la responsabilidad objetiva que incorporó el acto legislativo 001 de 2009 y la reforma al código penal de 2017, que obliga a los candidatos a responder por los actos de su campaña.
Pero dejando la discusión legal y política a un lado, ningún narco o delincuente contribuye dinero a una campaña electoral sin pedir nada a cambio. ¿Ustedes creen que personajes con el palmarés criminal y la espuela política del hombre Marlboro y/o el Turco Hilsaca, entregan dinero por deporte o simplemente para financiar el lujoso estilo de vida del niño Nicolás? ¡Ahí sí, como decía Horacio Serpa, mamolaaaa!
No podemos olvidar que, comenzando la campaña electoral en 2022, surgió el escándalo del Cartel de la Picota. Se señalaba al hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando, a su hijo Nicolás y al hoy Comisionado de Paz, Danilo Rueda, de estar visitando cárceles para reclutar a delincuentes convictos para el futuro proceso de la Paz Total. Se les acusaba de estar pidiendo dinero a cambio de un puesto en el futuro proceso de paz liderado por Iván Cepeda y Álvaro Leyva. Algo parecido a Ralito y por lo cual vivimos el capítulo de la ‘parapolítica’ en Colombia. Habría que ser muy ingenuos -o idiotas- para creer que esas negociaciones subterráneas se hicieron sin el consentimiento del entonces candidato sin un quid pro quo.
Algo parecido, pero a menor escala, ocurre con Óscar Iván Zuluaga, su hijo y el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. La diferencia es que mientras Zuluaga está buscando la manera de negociar con el ente acusador para salvar a su hijo, Gustavo Petro carece del más mínimo remordimiento y prefiere echar a su retoño a la hoguera con tan del salvarse él mismo. Inclusive Pablo Escobar, el peor criminal de la historia colombiana, se hizo matar por defender a su familia. Y rematando la famosa frase del Patrón del Mal, “...pero padre puede ser cualquier hijueputa”.
