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Reaparece Mancuso y bajo la dirección del canciller Leyva y el senador Cepeda, acusan al expresidente Álvaro Uribe de asesino. Del gatillo moral del también conocido alias ‘Triple Cero’, buscan terminar la tarea que empezó Daniel Coronell unas décadas atrás.
Y como si la cabeza de Uribe no fuera suficiente, a renglón seguido sale Macaco y hace lo mismo con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, acusándolo de haber fraguado un acuerdo con la Corte para acabar con Petro y Cepeda. A este concierto se suman los medios de siempre, Noticias Uno, Cambio y ahora Rtvc -comandado por el presunto acosador Hollman Morris- sirviendo de caja de resonancia.
En Estados Unidos esta práctica se conoce como ‘character assasination’ o sicariato moral, y en Colombia se ha convertido en deporte nacional. Hoy esta manguala de políticos, abogados y periodistas, se ensañan contra sus enemigos de marras. Mañana el turno será para empresarios y todo aquel que se interponga en su plan de refundar Colombia.
Pero no creo que esto tome por sorpresa a nadie. Era de esperarse que los paracos extraditados regresarían resentidos y con sed de venganza en contra de quien los empacó en un avión hacia Disneylandia. Que serían Cepeda y Leyva quien los tomarían de la mano para enseñarles el impune camino de regreso a casa. Tampoco es sorprendente que nuestro sistema judicial -y en particular la Justicia Especial para la Paz (JEP)- les pusiera la tarima, así no tuvieran competencia. Todo era previsible desde cuando se aprobó ese adefesio llamado ‘El Acuerdo de la Habana’.
Lo irónico es que aquellos que tanto dicen abogar por la paz y la reconciliación del país, quienes defienden la paz de Santos a capa y espada, y quienes llevan años justificando que los cabecillas de las Farc llegarán al congreso sin el más mínimo nivel de remordimiento o reparación para con sus víctimas, sean los mismos que pidan la cabeza de sus principales detractores u opositores.
La JEP se está convirtiendo en una especie de Sanedrín o Juicio de Salem, cohonestando con esta cacería de brujas. Sin contrastar versiones o exigir el más mínimo medio de prueba, otorgan total credibilidad a la palabra de paramilitares, narcotraficantes y asesinos confesos, brincándose olímpicamente los principios universales de presunción de inocencia o reserva del sumario.
Quien colabora, se convierte en gestor de paz, consigue pase de admisión ante la JEP, limpia su conciencia y se convierte en el faro moral de la Nación. A estos jueces no les importan las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los testimonios que hayan rendido en el pasado; las motivaciones o beneficios que les ofrecen para cambiar su versión; las contradicciones en sus diferentes testimonios o la falta de veracidad en sus relatos; y mucho menos la carencia de acervo probatorio. Todos elementos y criterios de análisis que, en un régimen judicial imparcial y objetivo, dejaría sin piso este tipo de acusaciones. Por ejemplo, anuncian en medios y redes sociales que dieron a conocer la ubicación real de una fosa común, y de inmediato la conclusión es que los mató Uribe.
Vivimos la época de una justicia extorsiva y vengativa. Como la Inquisición medieval, donde el señalamiento bastaba para ser condenado y lo mejor que podía esperar el acusado, era una muerte rápida y que su familia no terminara con él o ella en la hoguera.
