Molinos de viento

A comienzos de 2014, el presidente Santos tomó una decisión que le salvó su reelección y su famoso proceso de paz en La Habana, -y fue llegar a un acuerdo con las Farc en el tema del narcotráfico-. Todo a costa de la seguridad nacional y la posibilidad de algún día alcanzar la verdadera paz. Desafortunadamente, las dos personas llamadas a frenar ese esperpento -los representantes de los militares y la policía en la mesa de negociación- no hicieron nada para evitarlo. Esto, sumado a la falta de audacia del presidente Duque para negociar con la Corte Constitucional la prohibición de la aspersión aérea, es lo que permitió que este flagelo volviera a resurgir y un guerrillero amnistiado al servicio del narcotráfico llegara al poder. Pero es su política de la Paz Total y su incompetencia para gobernar lo que hoy nos tiene ad-portas de una nueva descertificación por parte de los Estados Unidos.

Y mientras, la administración Trump ha decidido designar a los carteles como organizaciones terroristas -FTO’s por sus siglas en inglés- y revivir la famosa ‘Guerra contra las Drogas’, nuestra Canciller, por instrucciones de nuestro payaso-presidente, consideró oportuno viajar a la ONU para pedirle al mundo que legalice los cultivos de coca.

Pero seamos sinceros: fue la falta de determinación de tres gobiernos seguidos lo que facilitó que los cultivos de coca crecieran exponencialmente y la delincuencia organizada volviera a renacer. Si no reaccionamos, terminaremos convertidos en un narcoestado, o peor aún, en un Estado fallido -INRI que nos puso EE.UU. durante gobierno Samper-. Lo frustrante para quienes crecimos en esa época, es que no importó el esfuerzo político, económico o sacrificio en vidas humanas, parece que los colombianos no podemos escapar de nuestro destino.

Pero no hay que llorar sobre mojado. El país está en un punto de inflexión en el tema de narcotráfico. Los colombianos tenemos que entrar en razón y entender la paz no se logra con acuerdos leoninos, palomas blancas, mariposas amarillas o con criminales convertidos en gestores de paz. Es momento que nuestros empresarios y dirigentes gremiales, las Altas Cortes y las demás instituciones democráticas, lideren un acuerdo para recuperar el país de la garra del crimen organizado. Debemos unirnos alrededor de tres principios básicos: 1- Aplicación de la Constitución y la ley -sin excepciones-. 2- Acabar con la JEP y cualquier otro mecanismo de justicia restaurativa con el fin de recuperar y defender la institucionalidad del país, empezando por la magistratura de las altas cortes y el empoderamiento de la Fuerza Pública. 3- Pragmatismo diplomático para trabajar de la mano de los Estados Unidos en las prioridades de la actual administración.

Si recuperamos la seguridad en el territorio, podremos construir Estado, generar empresa y desarrollo económico, prestar servicios públicos y crear bienestar para todos los colombianos.

Así como nos unimos por una misma causa para desarrollar el Plan Colombia o para lograr el tratado de libre comercio, necesitamos que nuestros dirigentes empresariales y gremiales lideren una gestión de lobby en Washington -o en Mar-a-Lago- encaminada a que la administración Trump entienda que el precio de complacer a Petro con la llamada descertificación, es no sólo devastador para Colombia y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región, sino la excusa perfecta para que el quijotesco imitador de Aureliano Buendía, busque la manera de perpetuarse en el poder.