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La decisión del Gobierno de pagar $1,2 billones a los bancos por el caso Ruta del Sol II, sin duda se presta para un gran debate ético y jurídico difícil de argumentar. Pero tratarlo de inmoral y complicidad, como tratan de venderlo la otrora defensora del elefante, el senador de la moral y el superintendente anti-carteles, es un acto de populismo informativo, que solo busca justificar la decisión precipitada de este último, que hoy tiene al Estado en riesgo de tener que terminar indemnizando a los corruptos.
El anterior Gobierno duró más de cuatro años buscando la manera de crear un sistema perfecto para desarrollar las grandes obras del país, atraer inversionistas y garantizar la integridad en el proceso licitatorio, pero se le cayó la estantería (y los puentes), dejándole un gran problema al Gobierno actual.
La decisión, aunque impopular, es un acto de pragmatismo, gallardía y eficiencia administrativa, -actitud que pocos funcionarios públicos se atreven a tener hoy en día- que busca encontrar una salida al problema de seguridad jurídica y confianza inversionista que heredaron. Los bancos, al igual que muchos otros financiadores internacionales incluyendo los fondos de pensiones, invirtieron el dinero de sus ahorradores - personas de carne y hueso - creyendo en los grandes retornos que promovía el Gobierno en las famosas rondas para inversionistas. Y sin la plata de los bancos y los inversionistas, no va a ser posible reactivar la economía y completar los proyectos de infraestructura que tanto necesita el país.
En otros países se ha optado por castigar a los individuos y poner multas cuantiosas, pero ante todo concluir las obras. Pero para la turba social, Sarmiento y los bancos son los causantes de todos los pecados y nada corto de quemarlos en la hoguera, los va hacer cambiar de parecer.
Entiendan, la responsabilidad penal es subjetiva y los ejecutivos que hubiesen participado deberán pagar, y bien caro, pero dejemos que la justicia actúe.
En días pasados, me reuní con algunos miembros del Gobierno y de los principales entes de control para compartir con ellos la experiencia americana en materia de lucha contra la corrupción. Les presenté una herramienta jurídica que utilizan en Estados Unidos para solucionar de manera eficaz este tipo de situaciones, sin que implique impunidad para las personas involucradas.
El método, conocido como ‘Monitorship’ o Monitoreo, es un acuerdo “extra juicio” entre las partes (Gobierno, concesionario o empresas, bancos y rama judicial) para asegurar que la obra o proyecto continúe su camino, las multas se paguen, los empleados no pierdan sus trabajos, la comunidad no se quede sin las obras y los inversionistas obtengan su retorno.
Entiendo que para el Gobierno y los entes de control es difícil proponer o avalar este tipo de soluciones, pues la oposición y la opinión pública lo va a interpretar como si se le estuviera tirando un salvavidas a los corruptos.
Mi opinión es que no activar la economía, no crear nuevos puestos de trabajo, no atraer confianza inversionista y no terminar las obras -como si lo lograron Panamá o Perú a pesar de la corrupción de Odebrecht- es lo que va llevar a este país al despeñadero; además de permitir que los populistas ganen las próximas elecciones.
