Pandemia, riesgo soberano e institucionalidad fiscal

La pandemia ha generado un daño sin precedentes en la historia reciente sobre los hogares, empresas, y, por cierto, las finanzas públicas. Con el objetivo de mitigar este impacto sobre la economía en su conjunto, gobiernos respondieron con medidas de apoyo directo a las familias, especialmente a aquellas más vulnerables, y mayores recursos para el sector sanitario. Además, para reducir la probabilidad de que este shock transitorio genere impactos más duraderos, con eventuales consecuencias estructurales en la capacidad de crecimiento tendencial, también se han implementado medidas de protección al empleo, amplias medidas tributarias, y programas excepcionales de apoyo al crédito, entre otras.

Tras comenzar a superar las fases más agudas de la pandemia, apoyados por los procesos de vacunación, los esfuerzos fiscales hoy se han recalibrado hacia la recuperación.

Como consecuencia de estos esfuerzos fiscales, los déficits se acentuaron, deteriorando la hoja de balance de los gobiernos financiados principalmente a través de mayor deuda. En su Monitor Fiscal más reciente, el FMI proyecta que la deuda pública bruta aumentará en torno a 18% del PIB en economías avanzadas, 9,6% en economías emergentes, y 6% en economías en desarrollo de bajo ingreso, entre principios de 2020 y fines de 2021.

En este contexto, casi 40% de los países ha sufrido al menos una baja en su clasificación de riesgo por parte de Moody’s, S&P, o Fitch desde fines de 2019. Si bien estos ajustes se han concentrado en América Latina y África, economías del G7 incluyendo el Reino Unido, Canadá, e Italia también han tenido downgrades. Siete países han perdido el grado de inversión por al menos una clasificadora durante este período: Aruba, Bahamas, Colombia, Marruecos, San Marino, Saint Maarten, y Sudáfrica.

Si bien la presión a la baja sobre la capacidad crediticia de las economías se mantiene, reflejada por la reciente baja en calificación de Fitch a Perú (desde BBB+ a BBB), y el hecho que más de un tercio de los países en el mundo mantienen una perspectiva negativa, esta tendencia parece haberse estabilizado, con cerca de 70% de las acciones de las agencias de calificación este año manteniendo las notas soberanas.

Así, tras las bajas de calificación a Colombia este año, las perspectivas estables por parte de Moody’s, S&P, y Fitch también son señales de estabilización. Esta estabilización, en parte, responde a la reciente aprobación de la reforma tributaria que aumenta la recaudación fiscal en régimen. La aprobación de esta reforma con amplio apoyo en el Congreso es una señal positiva, especialmente considerando que no conozco a otra economía emergente que lo haya logrado en el contexto de la crisis del covid. Además, fortalece la institucionalidad fiscal al crear un límite de deuda y refuerza el marco del Comité de Regla Fiscal.

Sin embargo, todavía existen desafíos en el frente fiscal, tanto por el lado de los ingresos como por los gastos, para asegurar una situación sustentable para las finanzas públicas junto a un necesario proceso de consolidación fiscal postpandemia.

Más aun, Colombia sigue siendo vulnerable a cambios en las condiciones financieras externas por los amplios déficits gemelos. Por lo tanto, no se deben dejar de lado los desafíos de largo plazo que contribuyan a diversificar la matriz exportadora, la formalización del mercado laboral y cerrar la brecha de infraestructura, entre otros.

Con todo, no se debe perder de vista que existen desafíos fiscales relevantes y la experiencia acumulada muestra que toma años recuperar el grado de inversión. Bulgaria y Rusia lo recuperaron en aproximadamente tres años, , mientras que Portugal lo hizo en casi seis años, y Uruguay se demoró en torno a diez.
La economía colombiana ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de recuperación tras los choques de años recientes. Así este año, se ha revisado su proyección de crecimiento al alza significativamente, y en menor medida para el próximo. Recuperar altas tasas de crecimiento económico de forma sostenida, junto al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal son medidas que van de la mano, para así gradualmente recuperar los buffers que necesitará la economía para enfrentar futuros shocks, y contribuir hacia una mejora en la calificación de riesgo y el costo de financiamiento de los hogares, el aparato productivo y el Estado.