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El ahorro de largo plazo que contribuye a financiar las pensiones y el crecimiento necesita de activos financieros de largo plazo rentables, seguros y líquidos. Uno de ellos son los títulos del Gobierno Nacional. Su rentabilidad, seguridad y liquidez dependen de la sostenibilidad fiscal.
La descentralización ha sido un sueño esquivo de los colombianos, al menos desde la Constitución de 1991. Los arreglos institucionales hasta el momento no han logrado que muchos municipios y departamentos puedan administrarse con autonomía y generar bienestar para sus ciudadanos.
Los diagnósticos (ya populares) hablan de que los recursos transferidos por la nación vienen con objetivos teledirigidos que dejan muy poco margen de acción a los actores locales. Así como del escaso aporte que la mayoría de las Entidades Territoriales hacen para con sus arcas fiscales, a partir de ingresos propios.
La sostenibilidad fiscal es una capacidad. Es la capacidad de cumplirle a los colombianos las promesas del Estado, asegurándoles sus derechos, los bienes y servicios, la redistribución del ingreso y la estabilización macroeconómica que prometen la Constitución y las leyes. Algo que debe ser garantizado no solo para los ciudadanos de hoy, sino también a las generaciones futuras.
La capacidad de tener cuentas fiscales sostenibles ha estado en riesgo desde hace muchos años. La principal razón es que lo que nos promete el Estado cuesta más, y crece más, que lo que los ciudadanos aportamos mediante impuestos y de lo que el Estado extrae de los activos que administra a nombre de la Nación.
Durante décadas ha sido necesario aumentar los impuestos para obtener nuevas rentas y mantener la capacidad de ser sostenibles. Con eso y todo, la nación necesita de préstamos que ya superan los 100 billones de pesos anuales, para poder pagar las cuentas. De esta forma, los ciudadanos colombianos estamos pagando a través de la Nación cerca de $90 billones anuales solo en intereses de esa deuda para mantener al Estado.
El proyecto de acto legislativo que aumenta las transferencias de cerca de 23% a 39% de los ingresos corrientes de la nación, presenta una tensión entre la descentralización y la sostenibilidad, debido a que entregar más recursos a las Entidades Territoriales implica menos recursos para que la Nación cubra los costos de todo lo demás.
Pareciera que el Congreso está decidiendo entre una u otra, entre la descentralización y la sostenibilidad, pero no es así, por una razón simple: sin sostenibilidad fiscal se dificulta la descentralización.
La Nación necesita más de $100 billones nueva todos los años. Si no somos sostenibles, aumenta el riesgo país y quienes le prestan a la Nación podrían prestarle menos o más caro. Como consecuencia, se pondría en riesgo todos los pagos de la Nación, entre ellos, la descentralización.
Más grave aún, las crisis de sostenibilidad fiscal se transmiten al resto de la economía, generando caídas en la producción y en el empleo. Esto ya lo vivimos en Colombia a principios de siglo cuando una de las crisis más fuertes de la historia nos obligó justamente a corregir la fórmula prevista para las transferencias a las Entidades Territoriales.
Conociendo esta situación, al aprobar en 6º debate el proyecto de acto legislativo, el Senado de la República aprobó una forma para asegurar la capacidad de sostener las finanzas públicas: la reforma no entrará en vigor hasta tanto se re-localicen competencias de la Nación a los Territorios, y/o se hagan recortes en los gastos.
Quiero señalar riesgos en esta propuesta de solución. Si la transferencia de competencias es de suma cero y las Entidades Territoriales reciben responsabilidades exactamente por el monto que aumentan las transferencias que les hace la nación, no se habrá profundizado la descentralización.
Los Territorios sí tendrán nuevas competencias y cargarán con los costos de administración de las nuevas responsabilidades, pero no tendrán una ganancia en autonomía, no se profundizaría la descentralización: serían más recursos teledirigidos para pagar bienes y servicios del Estado.
En cambio, si la transferencia de competencias no es de suma cero y las Entidades Territoriales terminan recibiendo más recursos que nuevas competencias, se generará una presión fiscal para la Nación, adicional a la que ya se enfrenta, y se afectará la capacidad de ser sostenibles fiscalmente, poniendo en riesgo la misma descentralización junto con todo lo demás que nos ofrece y promete el Estado.
Hay que pensar mejor cómo profundizamos la descentralización, a la vez que mantenemos la capacidad de seguir teniendo cuentas fiscales sostenibles. Además de la programación juiciosa de cualquier plan en un Marco Fiscal de Mediano Plazo, y de la revisión de los gastos; dos ideas que sugiero considerar para lograr el objetivo son: (i) unificar el Sistema General de Regalías al Presupuesto General de la Nación; y (ii) la incorporación de nuevo recaudo e incentivos para que desde las Entidades Territoriales se aumenten los recursos propios y se profundice la descentralización.
El ahorro de largo plazo que contribuye a financiar las pensiones y el crecimiento necesita de activos financieros de largo plazo rentables, seguros y líquidos. Uno de ellos son los títulos del Gobierno Nacional. Su rentabilidad, seguridad y liquidez dependen de la sostenibilidad fiscal.
