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Hace unos días se radicó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 ante el congreso, el cual reúne 300 artículos. En el presente Comentario Económico Anif hacemos un análisis sobre los principales puntos que propone, con un énfasis en los artículos que pueden llegar a representar mayores presiones fiscales. De manera resumida, presentamos algunos puntos que consideramos destacables y otros que consideramos pueden ser discutibles
Lo destacable
• La intención de acelerar y consolidar el catastro multipropósito es una muestra adecuada de lo que es una política de Estado. Su implementación busca lograr efectos positivos en el mercado de tierras, disminuir los conflictos asociados a la tenencia de tierra y fortalecer las finanzas territoriales.
• El reconocimiento de la necesidad de una estabilidad macroeconómica en respeto de los lineamientos del Marco Fiscal de Mediano Plazo y las disposiciones de la regla fiscal es destacable. Hay un discurso claro en la importancia de reducir el déficit y la deuda, así como se menciona repetidamente la relevancia de mejorar la eficiencia del gasto.
• Resulta también deseable que el sector privado pueda continuar jugando un rol protagónico en aquellos aspectos donde presenta ventajas comparativas. El gobierno denomina alianzas público-privadas a colaboraciones de ambos sectores en la planificación y ejecución de políticas y programas para aprovechar de mejor manera los recursos disponibles y conseguir mayor eficiencia.
• El plan en su conjunto realiza un esfuerzo por generar políticas diferenciales y tener en consideración, en todas las dimensiones, la participación de las comunidades étnicas. En este sentido, las alianzas público-populares podrían tener gran relevancia en mejorar la participación democrática y consecuentemente aumentar la aceptación por parte de la ciudadanía frente a la implementación de políticas y programas, así como podría mejorar la resolución de diversas problemáticas sociales. No obstante, el Gobierno Nacional debe contemplar que este es un proceso complejo que requiere de una estrategia clara y de una gestión eficaz.
• Adicionalmente, en nuestro Informe Semanal del 27 de abril de 2021, Propuesta de política fiscal y balance de la reforma fiscal de Anif, sugerimos la implementación de una política social basada en la unificación y ampliación de los programas de transferencias monetarias no condicionadas existentes en la actualidad. El programa de Renta Ciudadana del gobierno nacional parece conservar el espíritu de nuestra propuesta y otorgar un manejo más sencillo, eficiente y transparente para las transferencias no condicionadas, siempre y cuando sea fiscalmente sostenible. Sin embargo, queremos resaltar la importancia de programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción cuya efectividad y beneficios han sido ampliamente demostrados, por lo que alertamos sobre la poca claridad acerca de cómo serán tratados.
Lo discutible
• El plan contempla una ejecución de corto plazo en la mayoría de sus programas y propuestas. Algunos elementos del plan se muestran inconexos y los programas no reflejan un propósito de convertirse en política de Estado, sino en programas puntuales en estos cuatro años.
• Las metas de crecimiento resultan bastante conservadoras (1,3% en 2023; 2,8% en 2024; 3,6% en 2025 y 2026) y no son del todo compatibles con las metas de reducción de pobreza (contracción de 3,8 puntos en la incidencia de pobreza monetaria), generación de empleo (se espera una tasa de desempleo de 8,8% en 2026) y disminución de la informalidad. Sorprende el poco desarrollo de los instrumentos enfocados en apalancar el crecimiento en los próximos cuatro años.
• Se queda corto en planes de infraestructura que son de enorme relevancia para el crecimiento del país. Sin bien hay un énfasis importante en las vías terciarias y transporte fluvial, hay muy pocas menciones a la inversión en megaproyectos, clave para el desarrollo del país y de las regiones.
• Las debilidades en infraestructura y las políticas arancelarias pueden ir en contravía de los objetivos de internacionalización e inserción en las cadenas globales y regionales de valor que requieren de importantes mejoras logísticas y de reducción de barreras al comercio.
• El espectro de la economía popular es aún muy amplio y por esa razón las políticas de representación, así como de apoyo y creación de empleo, pueden resultar desordenadas y difusas. Por lo anterior, vemos una ausencia de esfuerzos claros en la formalización laboral, más allá de la extensión del incentivo a la generación de nuevo empleo definido en el artículo 24 de la Ley 2155 de 2021, donde se menciona que se evaluará la pertinencia de su continuidad.
• De manera adicional, nos genera especial preocupación el artículo número 62 contenido en el tercer capítulo de articulado, en el cual se reduce el aporte a salud a cargo de los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos de 12% a 10%. Esto implicaría un costo adicional que debe ser compensado a través del Presupuesto General de la Nación.
• Además, el artículo 125 propone que la Adres realice el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación -UPC- de los regímenes contributivo y subsidiado. Nos preocupa que esto pueda ser un regreso al pasado. Las EPS cumplen una labor fundamental en el aseguramiento en salud alineando incentivos para tener una población más sana y un sistema sostenible en términos financieros, por lo que retirarla de su labor podría generar grandes ineficiencias y sobrecostos.
• Recordamos también la importancia de construir sobre lo construido en el progreso de la transición energética que ya cuenta con grandes avances. Las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático son de enorme relevancia, pero no sobra tener presente la necesidad de que se realice de formar gradual sin poner en juego la sostenibilidad fiscal del país tanto en el mediano, como en el largo plazo.
• Se estipula la creación de gran cantidad de sistemas, comisiones y fondos que, junto con un gran número de nuevas instancias, puede hacer aún más compleja la administración pública. A su vez, representan mayores obstáculos para la utilización de recursos de inversión y en algunos casos se plantea la habilitación de fondos de entidades cuya estructura todavía no está establecida. Además, la figura de patrimonios autónomos que se plantea en varios de los fondos a crear evade el ciclo presupuestal ordinario.
