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Con la llegada de fin de año y los últimos resultados del Producto Interno Bruto, se instalan las mesas de concertación que definirán el salario mínimo del siguiente año. Como es habitual, los puntos de partida para su definición son la inflación y la productividad total de los factores (PTF). En Anif realizamos un ejercicio para estimar la PTF y contribuir al debate del posible incremento del salario mínimo para 2024.
La PTF es la forma como la actividad económica combina los factores de capital y trabajo para generar bienes y servicios, no solo en términos de calidad sino también de cantidad. En ese sentido, el crecimiento de la productividad está asociado a una mayor eficiencia de la combinación de los factores de producción.
Según nuestras estimaciones, los servicios laborales aportarían 0,4 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del valor agregado este año. Eso, si se tiene en cuenta el aumento en la población ocupada que se ha registrado en gran parte del año y su consecuente aumento en las horas laboradas. Por su parte, el capital lo haría con 0,6p.p. Con eso, la PTF sería del orden de -0,2. Con esos resultados, la productividad de 2023 se ubicaría en terreno negativo, como fue el caso de los registros de 2014, 2016 y 2020.
Tal como hemos sugerido, la discusión del salario mínimo debe estar orientada en garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también en fomentar el empleo formal y el crecimiento económico. Cada año, se instalan mesas de concertación del salario básico para el siguiente año, que está conformado por representantes de los empleadores, trabajadores y el gobierno nacional. Esas mesas de concertación toman como punto de partida el aumento en el nivel general de precios y la productividad.
Todos los años, el incremento del salario mínimo ha sido superior a esa métrica, lo que ha representado un incremento en la capacidad de compra de los colombianos. Aunque la mejora del poder adquisitivo es deseable, puede traer efectos indeseados para la economía. Como hemos mencionado en Anif, un incremento del salario por encima de la inflación y la productividad puede aumentar los niveles de informalidad (vía incremento en los costos laborales), lo que empuja a un mayor número de personas a que se ubiquen en niveles de ingresos por debajo del mínimo, pues es más difícil tener un contrato formal. Eso incluso conlleva a que los trabajadores no puedan emplearse.
Además, si se tiene en cuenta que los costos salariales representan gran parte de los costos totales de las empresas, el problema se agudiza. Los costos de la remuneración a los asalariados representan más de una quinta parte de la producción en cuatro de las 12 actividades económicas, alcanzando a ser casi la mitad en dos de ellas.
Eso, de entrada, representa un sustancial incremento en los costos totales de las empresas que tendrán que ser trasladados al consumidor final o afectar el margen y poner en riesgo su operación. Si a eso se le suma que cerca de 90% de las empresas del país son microempresas, el impacto es mayor, pues estas no tienen el músculo financiero para asumir esa carga.
Adicionalmente, el salario mínimo funciona como indexador de precios en la economía, lo que aumenta el costo de vida de los colombianos. En particular, las principales afectaciones se encuentran en:
• Las pensiones de un salario mínimo crecen con el incremento del salario mínimo, mientras que las pensiones mayores crecen con el IPC. Por consiguiente, cada año se acumula una mayor proporción de personas pensionadas con ingresos cercanos o iguales al salario mínimo. Además, incrementa el valor real de los subsidios a pensiones de un salario mínimo pues debe garantizarse ese valor año tras año.
• El precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP) se expresa en número de salarios mínimos, por lo que cada vez se limita más la probabilidad de acceso para las poblaciones más vulnerables con incrementos desbordados del salario básico.
• Las multas y sanciones también se indexan con el salario mínimo y, por tanto, se hacen cada vez más costosas en términos reales.
Igualmente, resulta preocupante que el salario mínimo sea la métrica con la que se determine la cotización mínima al sistema contributivo de Seguridad Social, pues esto sentencia prácticamente a la mitad de la población ocupada a escoger entre quedar menos protegidos (por ejemplo, sin poder cotizar a pensión) o a pagar un costo muy alto en comparación con sus ingresos (proporcionalmente pagarían más que el resto de la población) para ser parte del sistema contributivo de Seguridad Social.
Con eso en mente, debe decirse que el salario mínimo no cumple con ser un mecanismo de protección para el total de la población (en especial para los más vulnerables), y está lejos de ser un piso para el ingreso laboral de los trabajadores colombianos, pues desconoce la naturaleza del mercado laboral e impone mayores barreras de acceso y formalización.
Con esas consecuencias, cualquier discusión de política pública que involucre un incremento en el mínimo, debe abordarse con extrema cautela, incluir de forma más amplia a todos los grupos que se ven afectados por este y corregir las piezas del marco legal y regulatorio que impongan rigideces.
Por lo tanto y en medio de la necesidad de tomar una decisión técnica y responsable, el escenario base sobre la discusión de incremento del salario mínimo que pronosticamos en Anif, es equivalente al crecimiento de la inflación pronosticado por nosotros para 2023, que es de 9,6%, si se tiene en cuenta que a octubre se acumula una variación de precios de 8,3%. Eso ubicaría el aumento del mínimo de 2023 en un dígito.
Como hemos dicho reiteradamente, los incrementos en el salario mínimo no responden a inclinaciones políticas ni gobiernos de turno. Ser responsables con los efectos colaterales que tiene un incremento desmedido en el mínimo es ser consistentes con lo que hemos dicho en Anif desde siempre.
Por eso, invitamos a que la discusión en torno al incremento del siguiente año considere todos los elementos que hemos mencionado y propenda por un mercado laboral más incluyente y sólido, que preserve el empleo a la vez que fomente el crecimiento económico.