Una hoja de ruta energética

El sistema energético colombiano es un caso de éxito a nivel internacional por su alta tasa de cobertura, el uso intensivo de combustibles amigables con el medio ambiente como el gas natural, y por tener una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo, basada en un 70 por ciento en recursos hídricos.

Estos logros han sido posibles gracias a la reforma del sector que se dio hace más de dos décadas y que permitió el acceso de inversionistas privados en la prestación de los servicios públicos, lo que se tradujo en una mayor calidad y eficiencia para los usuarios.

Pero corremos el riesgo de perder esos importantes avances, si no logramos superar los retos que afronta el sector.

El desafío es aún más grande en momentos en que informes nacionales e internacionales advierten sobre un posible fenómeno de El Niño a finales de 2018, y ya sabemos la fuerte presión que puede ejercer este evento climático. Basta recordar lo ocurrido a finales de 2015, cuando el país enfrentó un Niño severo que puso en un nivel alto de estrés al sistema, que se logró superar con la participación de todos los agentes del sector, incluido los consumidores, que permitieron garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Dar este debate es fundamental y por eso lo planteo en la antesala del Congreso de la ANDI, en el que la administración del presidente Iván Duque anunciará a los empresarios, las políticas que pondrá en marcha durante los próximos cuatro años en materia de competitividad y desarrollo.

Si queremos que el sector energético siga impulsando el desarrollo del país es necesario establecer una hoja de ruta que garantice estabilidad jurídica y regulatoria y la actuación coordinada de las instituciones para la entrada oportuna de proyectos en pro de la seguridad energética, dando las señales adecuadas para el mantenimiento de los flujos de inversión en el mediano y largo plazo.

En este sentido, un gran reto para este gobierno es la necesidad imperiosa de reducir la incertidumbre generada por los diversos mecanismos de participación ciudadana dentro de los que se resaltan las consultas previas y la falta de unidad en los criterios de evaluación de impacto en los procesos de licenciamiento ambiental. Todo lo anterior, en la medida en que proyectos energéticos prioritarios para el desarrollo oportuno de la infraestructura que requiere el país para mantener su competitividad, presentan demoras significativas para entrar en operación.

También es fundamental continuar con la transición hacia una matriz de generación que incorpore fuentes no convencionales de energía renovable, bajo criterios de eficiencia, que no distorsionen la estructura del mercado que se ha diseñado durante largo tiempo y que tanto éxito le ha dado al país en términos de confiabilidad.

Por otra parte, es importante profundizar el desarrollo de energéticos como el gas natural, que han demostrado beneficios significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Uno de los retos principales en el corto plazo, será el de seleccionar el inversionista que se encargará de la construcción de la infraestructura para importar gas desde el Pacífico, proyecto fundamental para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de gas natural, cuya cobertura hoy supera los 9,2 millones de usuarios.

Colombia puede seguir teniendo un sector energético robusto, eficiente y confiable que permita incorporar la energía necesaria para afrontar el crecimiento de la demanda en el corto plazo y la eventual llegada de El Niño. Si se dan las señales de política adecuadas, se podrá contar con energía oportuna que mitigue el retraso en la entrada en operación de algunos proyectos de generación eléctrica. Las recientes medidas tomadas por el gobierno están encaminadas a garantizar la confiabilidad en el suministro eléctrico, el reto ahora será que las normas que se expidan para aumentar la capacidad de generación del país sean armónicas, de manera que se mantengan las señales que han atraído inversión al sector, que han probado su eficacia al momento de enfrentar situaciones de riesgo en el pasado.

Los desafíos son grandes, pero mediante un diálogo franco entre gobierno y sector privado podemos trazar esa hoja de ruta para sacar adelante los proyectos que llevarán progreso y desarrollo a todas las comunidades, especialmente las más apartadas, que son por las que trabajamos día a día. En este sentido recibimos con optimismo la llegada de María Fernanda Suárez Londoño al Ministerio de Minas y Energía, una mujer con gran conocimiento y una trayectoria profesional reconocida que le permite tener una visión amplia sobre la problemática y retos del sector.