Silencio administrativo en lo energético

Que el presidente no comprenda cómo está constituida y cómo opera la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no es problemático, porque para eso existen asesores y el jefe de la cartera de Minas y Energía. Lo problemático es que, al parecer, no existe tal asesoramiento y el presidente hable con poca sensatez sobre temas energéticos y regulatorios del sector de la energía eléctrica.

Los decretos que reglamentaron los artículos 23 de la Ley 143 de 1994 y 68 de la Ley 142 de 1994 dieron origen a una entidad técnica para que los servicios públicos, entre los que se encuentra la energía eléctrica, se ofrezcan a la mayor cantidad de colombianos con el menor costo posible para ellos y permitiendo una remuneración adecuada para las empresas, porque de esa manera se garantiza la calidad y la ampliación de la cobertura. Los documentos reglamentarios han definido la composición de la Creg, en la que seis comisionados expertos tienen voz y voto. Asimismo, el jefe de la cartera de Minas y Energía, quien la preside, un viceministro delegado de la cartera de hacienda y crédito público y un delegado del Departamento Nacional de Planeación tienen voz, voto y poder de veto, si estos tres van unificados.

Además, aunque el delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solo tiene voz, su participación es importante para presentar las fallas de estos servicios. Las decisiones que toma la Creg están completamente fundamentadas, puesto que los asesores de los comisionados expertos, que asisten a las sesiones y son altamente calificados, presentan detalladamente los análisis técnicos de cada tema que requiere ser regulado o ajustado. Las discusiones y planteamientos derivados de inquietudes de las partes que constituyen el sector de la energía eléctrica, incluido el gobierno nacional de turno, son analizados profundamente para que haya concordancia regulatoria y jurídica con la operación de tal sector y, lo más importante, se realiza la correspondiente votación entre sus miembros. Lo anterior no obliga a estar de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado a lo largo de casi 30 años, y menos a pensar que se tiene la potestad de reducir al ente regulador a la mínima expresión, acabando con una entidad que ha soportado al sector durante un período en el cual no se han presentado cortes del fluido eléctrico a gran escala, dentro de lo que podría considerarse un apagón general. 14 meses después del cambio político, que muchos pensamos estaría acompañado de sensatez, los problemas del sector de la energía eléctrica se han incrementado.

La fórmula tarifaria para calcular el costo unitario de la energía eléctrica sigue siendo la misma y no se vislumbra un documento borrador en este sentido, el porcentaje de generación eléctrica proveniente de los recursos solar y eólico sigue siendo incipiente demorando la deseable diversificación de la matriz eléctrica que brindaría algo de confiabilidad a esta actividad, las barreras administrativas para la conexión de nuevas plantas de generación eléctrica continúan porque las instituciones están debilitadas debido a la cantidad reducida de profesionales con experiencia y a su pérdida de credibilidad ante los sectores inversionistas, los fenómenos climatológicos como El Niño, de los cuales no somos responsables porque el consumo de fuentes energéticas fósiles en relación con el consumo mundial es menor a 0,3 % de acuerdo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía, nos están indicando que los meses venideros estarán acompañados de temperaturas tan elevadas que los niveles de los ríos y embalses se verán tan reducidos que las empresas de generación hidroeléctrica ya han encendido sus alarmas.

Finalmente, una de las entidades más importantes del sector que hubiese podido apoyar al gobierno nacional para enfrentar esta situación está casi desmantelada. No se cuestiona el hecho de dudar y de exigir mejores y mayores resultados a la Creg, pero sí se cuestiona el hecho de haberla debilitado al punto de hacerla inoperante y afectar directamente varias actividades asociadas a los servicios de energía eléctrica y gas domiciliario. Hoy la Creg no puede sesionar, porque de los seis comisionados expertos, solo queda uno que ya pasó la carta de renuncia y debe estar esperando la liberación de semejante desastre que muy seguramente le proporcionará el silencio administrativo positivo.

Los comisionados definidos por encargo nunca alcanzaron el nivel técnico ni administrativo que la entidad requiere, su desconocimiento del sector fue tan marcado que los servicios de energía eléctrica y gas combustible no pudieron entregar resultados favorables para los usuarios finales, que son el centro de la política energética nacional; ni siquiera las herramientas computacionales que facilitan la carga administrativa fueron dominadas por algunos de estos encargados, quienes demoraron hasta los procesos más simples en la entidad por desconocimiento en el manejo de una plataforma administrativa. Probablemente, lo mejor es que los períodos de encargo finalizaron y el Gobierno Nacional tendrá que actuar frente a las múltiples situaciones problemáticas que preocupan a los actores de la cadena productiva de los servicios públicos, incluido, el de la energía eléctrica.