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En los recientes debates de la ley estatutaria el bloqueo de Fecode y otros grupos contra el proyecto liderado y concertado por la ministra Aurora Vergara se basó en gran medida en una percepción de la educación privada como mercantilista. Interpreto la crítica como un cuestionamiento a la estructuración de los aportes presupuestales del sector, siempre insuficientes por parte del Estado para garantizar cobertura completa y de calidad, problema que se plantea como resultado de una intención de entregar a “agentes comerciales” la formación de l@s colombian@s, en detrimento del interés general. Es decir, una agenda “neoliberal” de adoctrinamiento con origen oficial. Detrás hay un debate ético político profundo que lamentablemente la misma educación, en su conjunto, no promueve con justicia: construir un proyecto educativo ecuménico en medio de la naturaleza conflictiva de la convivencia no es fácil.
Para el pueblo Nukak, por ejemplo, o para la tribu catalana de la cual hago híbrida parte, la educación es el mecanismo que permite la reproducción y presencia de cada cultura en el mundo, una mezcla de prácticas materiales y construcciones simbólicas. Una parte del proceso de transmisión cultural pasa por el aparato educativo formal, otra no. Y un aspecto fundamental de la vigencia del proceso es su capacidad de interpretar las transformaciones de la realidad y adaptarse a ellas. El problema surge cuando un actor externo al proceso social y ecológico “le hace la agenda” al tercero: la famosa educación contratada con comunidades religiosas, agentes de colonización a través de la sustitución de cosmovisiones, el cuestionamiento a valores propios y la instalación de otros, con mayor o menor violencia, o la “ideología de género” inventada por Ratzinger para atacar la diversidad sexual.
Adoctrinamiento, exclaman unos y otros cuando la educación plantea preguntas candentes acerca de la sexualidad, los derechos de las personas, la familia, la propiedad, las relaciones con plantas y animales, el arte y… el gobierno. Al final, en la modernidad republicana, pedimos al Estado un modelo educativo adaptativo, capaz de ayudarnos a valorar el cambio, inexorable; aunque si se educa con un dogma, hay poco que hacer, todo es transmisión autoritaria e interesada en mantener la esfera cerrada del sistema de valores. Si el dogma llega a gobierno, justifica cárcel y tortura a las peligrosas disidencias. Educar para la democracia es todo lo opuesto, y por eso no puede haber una verdad oficial detrás de un estatuto que provea la orientación de la educación, que, para aclararle a Fecode, en Colombia es toda pública: las entidades de derecho privado proponen una perspectiva formativa como concesión vigilada, no del partido que gobierne, sino de la institucionalidad democrática, el pueblo, el origen del sistema mixto colombiano.
El estalinismo educativo existe, pero no solo lo ejercen los grupos armados y sus cómplices civiles, también organizaciones religiosas o de extrema derecha e izquierda. Hay ecologismos que también derivan en ecofascismos, nacionalismos que acaban en guerra. El mercado, obvio, también educa para sus propósitos, pero una sociedad verdaderamente liberal educa para controvertir esas mismas prácticas, denunciar sus incoherencias, la codicia, la corrupción, toda alienación y formar ciudadanos solidarios, capaces de construir consensos para superar las injusticias y la inequidad. Gracias a la Ministra por su gran disposición.