¿Mejor el hoyo negro?

Inaudita la solicitud de una reconocida concejal de Bogotá ante el juzgado cuarto (4) administrativo del circuito judicial de Bogotá para desconocer el estudio aportado por el Instituto Humboldt y el Ideam al Minambiente en respuesta a un requerimiento de peritazgo de alto nivel. Independientemente del caso que haya concitado el pedido original (una orden del mismo juzgado), las implicaciones del eventual desconocimiento de la idoneidad e independencia de ambas instituciones para conceptuar genera un agujero negro con el potencial de arrastrar en su interior toda la ciencia y capacidades construidas por Colombia durante décadas para acompañar al Estado en su misión. De un plumazo, la concejal desestima la hoja de vida de decenas de personas, cuestiona su ética y falta a la presunción de buena fe que acompaña el ejercicio de sus labores.

El argumento central, que pudo haberse presentado hace meses para cuestionar el contrato interadministrativo que sustenta la revisión de los potenciales efectos de un proyecto urbanístico en la conectividad ecológica entre los Cerros de Bogotá y el humedal Torca-Guaymaral, es que ni el Ideam ni el Iavh son independientes, pues el primero es de naturaleza pública adscrito (como si el Estado no pudiese tener científicos) y el segundo de naturaleza mixta, al mando de una Junta Directiva que cuenta con representantes de sus miembros fundadores en 1995, la Universidad Nacional de Colombia, las universidades del Valle, Antioquia y Javeriana, además de dos reconocidas ONG, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros.

El caballito de batalla de la imposibilidad de generar conceptos independientes se ha convertido en la mejor herramienta de algunos, a quienes no les sirve sino su perspectiva única y personal a la hora de analizar el bien común, algo para lo cual se inventó el debate político, pero no el sabotaje de la institucionalidad. Las implicaciones de la invitación a desconocer el aporte de un equipo transdiciplinario de más de 20 expertos bajo la acusación de que no tienen independencia para analizar el caso se proyecta a los institutos de investigación pública del país, incluido el de salud (INS), sin cuya guía hubiésemos naufragado en el maremágnum de discusiones entre epidemiólogos de buseta. Por no mencionar el limbo al que se lanza la ciencia de Agrosavia, del Instituto Cancerológico o del Servicio Geológico Nacional. Más de 2000 PhD organizados en sendos grupos de investigación reconocidos por Minciencias, más todos sus protocolos de trabajo, su prestigio internacional y los miles de millones de pesos que hemos aportado los contribuyentes se precipitan al hoyo negro creado por la concejal.

Muy bajo hemos caído si para contrarrestar los proyectos que no gustan, por las razones que sean, se acude a los estrados no a debatir su contenido, sino a demoler, como último recurso, las capacidades construidas por el país con las uñas. Siempre se debe criticar la ciencia o al gobierno, cada uno en sus ámbitos de operación, pero apuntar a derrumbar la arquitectura de los sistemas de conocimiento del Estado con base en las convicciones personales es inaceptable y constituye un argumento que socava toda posibilidad de debate ilustrado y democrático, por cuanto nadie más que el demandante tendría la posibilidad de calificar la idoneidad de otros para dirimir cuestiones en las que debe primar el bien común.