En la isla de Bali, paraíso turístico del archipiélago indonesio, una gran porcentaje de la población vive del cultivo de arroz, el cual se produce todo el año gracias a un complejísimo sistema de irrigación que va de la mano de un arreglo institucional de complejidad equivalente: el Subak. Se trata este de una institución milenaria (data del sigo XI) que permite a los campesinos balineses encontrarse con regularidad en un templo hinduista, religión que profesan, y, en medio de la realización de coloridos festivales en agradecimiento a los favores (agua, fertilidad y salud) de los múltiples dioses y diosas de su panteón, debatir y decidir acerca de las prácticas agrícolas. El sistema fue intervenido hace unos años por el gobierno, quien lo consideró en ese momento “primitivo e ineficiente”, e introdujo fuertes modificaciones para incrementar el volumen de cosecha y exportar. Entre ellas, fertilización química (subsidiada, obviamente), semillas certificadas y toda clase de agroquímicos y maquinaria. La respuesta del sistema fue el caos y la quiebra (y eso que una “mano dura” gobernaba): la producción no se regía por la competencia entre actores, sino por la cuidadosa coordinación y distribución de derechos para aprovechar la fertilidad del suelo y el agua dentro de ciertos límites, lo que forzaba a una sincronización social de actividades, que a su vez permitía evadir las plagas y los efectos de olas invernales y satisfacer la demanda interna de su principal alimento. “No entendieron que el sistema podía ser ineficiente, pero que era efectivo” fue la explicación que un de los líderes locales dio a este proceso de intervención estatal que sólo dejó conflictos, contaminación, desplazamiento y pobreza. Hoy en día las terrazas están consideradas Paisaje Cultural Unesco y patrimonio de la humanidad… por lo cual están siendo reemplazadas por hoteles y complejos turísticos (que no pagan nada a los campesinos que las construyeron y mantienen) ¡para ver las terrazas!
El caso es relevante pues se ha convertido en paradigma de interpretación de las relaciones sinérgicas o patológicas entre sociedad y ecosistema, y una señal de alerta acerca de la complejidad inherente al manejo equilibrado de los servicios ecosistémicos: algo que no requiere necesariamente de miles de años para evolucionar (como en el caso del cultivo de café con sombrío) pero si de una cuidadosa consideración de las múltiples dimensiones que interactúan entre las esferas del funcionamiento físico y biológico del sistema, y las del funcionamiento cultural.
En Colombia cada vez entendemos menos que la agricultura es, precísamente, cultura agraria, es decir, aquella que se construye para la vida del campo, y que no se puede basar en la “optimización” de ninguna de sus dimensiones. Los campesinos tienen una racionalidad económica que claramente los vincula con el mercado, pero este no los define: no son empresarios del agro, una condición extremadamente riesgosa y vulnerable, pues a menudo implica que para garantizar rentabilidad financiera a corto plazo, deba sacrificarse la disponibilidad de agua limpia, la fertilidad natural, los servicios gratuitos de la fauna, las relaciones de compadrazgo y vecindario, la calidad de vida y, en síntesis, el bienestar. Aspectos que, por otra parte, deberían ser fundamentales para la producción empresarial, que siempre se proyecta en décadas, y que definen su viabilidad ecológica y social.
El excesivo y absurdo uso de fertilizantes en Colombia (químicos y orgánicos, para aclarar la naturaleza del problema) es evidencia local de uno de los problemas más graves del mundo, la contaminación de suelos y aguas por nitrógeno y fósforo. Para no hablar de los pesticidas y herbicidas, utilizados “a la loca” como resultado de un sistema privatizado de asistencia técnica a cargo de la misma industria de insumos, que tiene un ejército de profesionales, éticamente anestesiados, a quienes premia por “colocar producto”. Una visión fatal para la sostenibilidad, pues los límites planetarios (y seguramente nacionales) de asimilación de todas esas sustancias han sido superados y comienzan a explotar sus consecuencias bajo la forma de pérdida de la misma capacidad productiva y, a por ende, de conflicto social. Tal vez sería mejor pensar en recuperar la efectividad y no concentrarse en la eficiencia...
Consideraba el profesor Martínez-Alier en una de sus clases de economía, al analizar el problema dramático del exceso de heces derivado de la producción de cerdos en Cataluña, que todo se reducía a un problema poblacional: seis millones de cerdos, inmanejables en una población de seis millones de habitantes. Sin contar dobles militancias.
