Restituyendo humedales

Colombia posee más de 30 millones de hectáreas bendecidas por los pulsos anuales o multianuales de las inundaciones, algo que toda sociedad convirtió antaño en fuente de civilización. Pero nuestra cultura colonizada luchó siempre contra el agua de manera absurda, haciendo de las épocas de lluvia un desastre progresivamente apadrinado por el clientelismo feudal: ricos y pobres se amañaron para estirar la mano, por créditos que nunca se pagaron, por asistencia humanitaria a cambio de votos y favores. La maladaptación se extendió a la sequía y luego a los incendios, y llegamos así al extremo de habitar una zona de desastre permanente sin declarar, protegida por la corrupción y la politiquería.

La estacionalidad ecológica milenaria se convirtió en una sucesión de crisis y quienes habían aprendido a vivir de ella fueron arrinconados, despreciados y perseguidos. El régimen de propiedad de la desecación impuso la expulsión de cientos de miles de colombianos de sus regiones de agua: los pescadores artesanales, quienes más que dueños de un oficio eran los herederos de un modo de vida basado en un sistema de conocimiento sofisticado acerca de si mismos y la dinámica de las aguas, la flora y la fauna. Pescadores que sin ser indígenas, son aún nativos y sin ser negros, afrodescendientes, y pese a ambas razones, que a otros trajeron propiedad de la tierra, no son dueños de nada. Porque los ríos, ciénagas, lagunas y manglares de Colombia son de propiedad pública, al menos en el papel, y las comunidades de pescadores viven moviéndose entre playones y riberas, siempre persiguiendo las subiendas, moviéndose incesantemente como los peces, acusados de ser ocupantes ilegales, merodeadores, vecinos incómodos que deberían tener sus animales en jaulas, como se tienen las gallinas civilizadas. Obligados por ello a competir entre sí para sobrevivir, sabotean sus propias redes como alternativa, acuden a técnicas inaceptables de captura y destruyen lo que les mantiene vivos.

Un desastre social, entonces, vinculado con un desastre ecológico que el maestro Fals Borda documentó hace décadas y que sigue sin curación. A diferencia de pueblos cazadores recolectores del Guaviare, dueños reconocidos de sus selvas, los pescadores no poseen un metro cuadrado: son continuamente expulsados de ciénagas invadidas por diques de ganaderías, plantaciones, dragas mineras, ejércitos ilegales y notarios corruptos. La prueba, a menudo se hace imposible la formalización de “predios” que aparecen en medio del humedal, porque se delimitaron, casualmente, en el mes más seco. Hoy se repite la historia con la llegada de los búfalos, que se apropian del bien común sin licencia alguna.

Cientos de miles de personas dependen de un pescado en el plato para comer al día y afortunadamente aún hay, aunque condimentado con mercurio. Personas que configuran la cultura anfibia, una de las más resilientes del país, de las más abandonadas y que, con voluntad, podría hacer de los pescadores artesanales los mejores aliados para el control del riesgo derivado del cambio climático, del agua limpia, de la navegación segura y de la regulación hidroeléctrica, si se reconoce su relación con la biodiversidad en el territorio. Afortunadamente asociaciones y federaciones de pescadores ya operan como empresas comunitarias de restauración y gestión de servicios ecosistémicos, como responsables de la Colombia anfibia.  Por eso, además de restituir tierras, en el país es tiempo de restituir aguas.