Amenaza a la libertad económica

Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados o consecuencias y no por sus intenciones decía Friedman. Esto ocurre con un proyecto de ley que conocí hace unos días, liderado por la senadora Paloma Valencia y firmado por buena parte de la bancada del Centro Democrático, que es un gran atentado contra los principios que en la exposición de motivos dice defender.

El proyecto de Ley “Por medio del cual se garantiza el derecho a la participación en el mercado, se protege el derecho colectivo a la libre competencia y se dictan otras disposiciones”, bajo el pretexto de evitar la concentración de poder en el mercado, propone una serie de medidas que, lejos de promover la competencia, terminarían sofocando la innovación, castigando a las empresas más exitosas y otorgando al Estado un poder desmedido para intervenir en la economía.

Primero, el proyecto de ley permite que el Estado limite la participación de cualquier empresa que supere 40% del mercado. A simple vista, esto podría parecer un intento legítimo de prevenir monopolios, pero en realidad, es un ataque directo a la libertad económica. En un mercado verdaderamente libre, una empresa logra una posición dominante no por capricho, ni trampa, sino porque ha sabido competir, ofreciendo mejores productos, calidad y precios más bajos que sus competidores. Castigar a una empresa por su éxito es promover la mediocridad, no la competencia. Los casos contrarios ocurren porque, en lugar de que gane el mejor, gana el que el Estado decide.

Pero quizás el aspecto más peligroso de esta ley es el poder que otorga al Estado para intervenir en los mercados en nombre de la “estabilidad de un sector básico” o la “seguridad nacional”. Estas definiciones ambiguas permiten al gobierno seleccionar a dedo qué empresas pueden crecer y cuáles deben ser limitadas, abriendo la puerta a la corrupción y al favoritismo. En lugar de actuar como un árbitro imparcial que garantiza la igualdad ante la ley, el Estado se convierte en un jugador más, eligiendo ganadores y perdedores según sus propios intereses. El éxito en los negocios seguirá dependiendo más de la relación con el gobierno que de la capacidad de competir en el mercado.

La verdadera solución para mejorar la competencia y aumentar la libertad económica no pasa por darle más poder al Estado, sino por reducir su intervención. Necesitamos menos regulaciones, menos trabas y menos favoritismo. Debemos liberar al mercado de las cadenas del mercantilismo colonial que todavía persisten en nuestra economía, donde el éxito depende más de la cercanía al poder político que de la capacidad para competir de manera justa y eficiente.

La libertad económica solo se alcanzará si el Estado actúa como un árbitro neutral, permitiendo que el individuo libre, coopera, innove, cree empresas, ofrezca productos y servicios y consuma de manera libre y voluntaria. La verdadera igualdad ante la ley se garantiza eliminando el favoritismo y asegurando que el Estado no intervenga para elegir ganadores y perdedores en el mercado.

Este proyecto de Ley es un ataque a la libertad económica que, en lugar de promover la competencia, castiga a los exitosos, fomenta la mediocridad y otorga al Estado un poder desmesurado para intervenir en la economía. Es fundamental rechazar esta propuesta y abogar por un mercado libre donde el Estado sea un árbitro, no un jugador.