Gasolina a precio justo

Pasa el bloqueo y a los colombianos nos queda una factura de $11,9 billones en subsidios a la gasolina. El error es del gobierno, que, temiendo afectar las elecciones regionales de 2023, evitó hacer los ajustes graduales necesarios y no lideró las conversaciones con los transportadores de carga. En su lugar, el presidente optó por insultarlos, etiquetándolos de instrumentos de la extrema derecha en su constante paranoia sobre un golpe blando que solo existe en su cabeza.

No es momento para justificar los bloqueos. Los bloqueos, sin importar la causa, nunca son un mecanismo legítimo de protesta, ya que sacrifican los derechos de la mayoría en favor de unos pocos. Son los más pobres, quienes viven del día a día, los que sufren las consecuencias más severas. En este espacio siempre encontrarán un rechazo categórico a los bloqueos y una exigencia al Estado para que cumpla su función esencial: garantizar la libertad y proteger la propiedad privada de todos los ciudadanos.

El verdadero problema del precio del combustible en Colombia radica en la excesiva intervención estatal. Los precios de los combustibles están altamente regulados por el gobierno con la intención de proteger a ciertos sectores, como el transporte de carga. Sin embargo, esta intervención crea una distorsión en el mercado y convierte al precio de los combustibles en un juego de suma cero: si el precio es artificialmente bajo, los beneficiados son los transportadores y conductores, pero la cuenta la pagamos todos los demás a través de mayores impuestos. En un mercado donde los precios reflejan las condiciones reales de oferta y demanda, no hay un “villano” identificable. Es por eso que no vemos paros de productores de lápices; sus precios no dependen de subsidios ni de decisiones políticas. Las fluctuaciones de precios se entienden como parte del proceso natural de la economía, no como una decisión arbitraria del gobierno.

Cuando el Estado interviene en los precios del combustible y los mantiene bajos de manera artificial, envía señales equivocadas a los actores del mercado. Por ejemplo, una empresa transportadora puede verse incentivada a seguir operando con vehículos menos eficientes y altamente contaminantes porque el bajo costo del Acpm no le obliga a buscar alternativas. Si el precio reflejara los costos reales, esa empresa tendría incentivos para optimizar sus rutas, renovar su flota a vehículos más eficientes o incluso considerar tecnologías alternativas como los vehículos eléctricos.

El monopolio estatal en la producción de combustibles, dominado por Ecopetrol, amplifica esta distorsión. Al no enfrentar competencia real, Ecopetrol opera sin el incentivo de reducir costos o mejorar su eficiencia, sabiendo que cualquier pérdida será cubierta por el Estado y, en última instancia, por los contribuyentes. Si existiera un mercado competitivo, los precios reflejarían mejor las condiciones globales, incentivando la eficiencia y la reducción de costos.

La única forma de lograr un precio justo para la gasolina es permitiendo que este sea acordado de manera libre y voluntaria entre las partes, es decir, en el mercado. Cualquier intervención estatal en el precio, ya sea a través de regulaciones, control de precios o monopolios estatales, hace que ese precio sea altamente injusto y perjudicial para la economía. Liberar el mercado de combustibles no solo es una cuestión de eficiencia, sino de justicia para todos los colombianos.