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La semana pasada fui invitado al Concejo de Medellín a intervenir en el debate sobre la venta de las acciones de EPM en Tigo-Une. Confieso que salí decepcionado. La democracia en Colombia se ha convertido en un espectáculo de arengas, insultos y acusaciones, donde las ideas y los argumentos han sido sustituidos por la búsqueda de aplausos fáciles y likes en redes sociales. El verdadero debate de ideas ha quedado relegado.
En medio de este escenario, persiste una creencia errónea: la idea de que lo público es sinónimo de lo colectivo, y que las empresas estatales son, de alguna manera, propiedad de todos. Aunque esta noción pueda parecer atractiva, es profundamente engañosa y, en última instancia, perjudicial para el progreso económico y social.
Para empezar, una “empresa estatal” es una contradicción en términos. Las verdaderas empresas operan con recursos propios y asumen riesgos con el capital de sus propietarios. El Estado, en su rol de árbitro imparcial, debe establecer reglas claras y garantizar su cumplimiento, no convertirse en un jugador más en el mercado. Cuando el Estado asume el rol de empresario, los recursos escasos se asignan de manera ineficiente y se distorsionan los incentivos, lo que perjudica la competencia y socava la confianza en las instituciones.
La cuestión va más allá de la eficiencia; se trata de la superioridad moral del sector privado. Las empresas privadas arriesgan su propio capital y, en su búsqueda de maximizar el valor, benefician a la sociedad al hacer un uso óptimo de los recursos. En contraste, las empresas estatales operan con recursos públicos, y cuando fallan, las pérdidas se socializan, es decir, todos los ciudadanos pagan por los errores de unos pocos. Esto no solo es ineficiente, sino profundamente injusto e inmoral.
El mito de que lo estatal es “de todos” oculta una realidad incómoda: lo estatal está controlado por una burocracia que responde más a los intereses políticos del momento que a las necesidades del mercado o al bienestar de los ciudadanos. Diluir la responsabilidad en una supuesta propiedad colectiva elimina los incentivos para gestionar eficientemente los recursos. Si todos son responsables, en realidad nadie lo es.
Cuando las empresas estatales fallan, los costos de esos fracasos se trasladan a toda la sociedad, desperdiciando recursos que podrían haberse utilizado en mejorar servicios esenciales o en inversiones que realmente impulsaran el desarrollo económico. La privatización, entonces, no es un ataque a lo público, sino una estrategia necesaria para corregir estas ineficiencias. Las empresas privadas generan más valor para la sociedad porque operan en un entorno donde deben enfrentarse constantemente a la realidad del mercado. Este mercado, compuesto por millones de consumidores, exige innovación continua, productos de mejor calidad y precios más bajos. Mientras que la empresa estatal se concentra en satisfacer los intereses del político de turno, la empresa privada se ve obligada a satisfacer a millones de personas. Esa es la verdadera esencia del mercado: un espacio donde se busca maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Aquellos que creen que solo las empresas públicas pueden garantizar el bienestar social depositan su fe en el político de turno, no en la humanidad. Nosotros, en cambio, confiamos en el potencial de las personas, en su creatividad y en su capacidad para contribuir al bienestar común sin la coacción del Estado.
