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Históricamente, el ordenamiento jurídico y el Estado colombiano no han mostrado un respeto consistente por la propiedad privada. Diferentes gobiernos han implementado cambios legales que imponen limitaciones y obligaciones absurdas al derecho de propiedad, amparados en la “función social de la propiedad”, una excusa para aumentar el poder de coacción estatal.
Hoy, la propiedad está particularmente amenazada por un gobierno que la desprecia, renuncia a protegerla y parece apostar a destruirla. Sin propiedad privada, no hay libertad, inversión, empleo ni futuro.
Imaginemos que eres dueño de un computador y tienes la seguridad de que nadie puede dañarlo o robártelo sin enfrentar las consecuencias legales. Esa certeza te permite usar tu computador para estudiar, trabajar y mejorar tus habilidades. Sin embargo, si no existiera esta protección, el miedo a perder lo que has logrado te desanimaría a avanzar y tomar riesgos.
La propiedad privada no solo protege lo que poseemos, sino que también refleja las consecuencias de nuestros actos. Cuando sabemos que lo que producimos y adquirimos será respetado, trabajamos más duro, producimos más e innovamos. Esta protección es crucial para la oferta de bienes y servicios que nos mejoran la vida, el desarrollo de negocios y la creación de empleo.
Cuando la propiedad no está protegida, se destruye la productividad, la inversión disminuye, la economía se debilita y los ciudadanos quedamos en un estado de obediencia y esclavitud.
Además, la propiedad privada fomenta la conservación y el uso eficiente de los recursos. Los propietarios tienen un incentivo natural para cuidar y mantener sus bienes en buen estado, porque eso incrementa su valor a largo plazo. Un agricultor que posee sus tierras está más motivado a mejorar la productividad y sostenibilidad de sus cultivos.
En un sistema donde la propiedad es constantemente amenazada, esta responsabilidad y el cuidado de los recursos se pierden, resultando en la destrucción del medio ambiente y en menos comida disponible.
En Colombia, la amenaza a la propiedad privada perpetúa la pobreza. Cuando un recurso es de propiedad pública o colectiva, todos los incentivos se destruyen. La historia nos proporciona ejemplos claros. En la Unión Soviética, la agricultura en tierras colectivas producía 16 veces menos comida que en tierras de propiedad privada.
En China, permitir a los agricultores quedarse con parte de su producción resultó en aumentos en la cantidad y calidad de alimentos que producían. Estos ejemplos históricos deberían servirnos como advertencia sobre los peligros de seguir políticas que amenacen la propiedad privada.
El respeto a la propiedad privada es fundamental para el éxito y la prosperidad de las naciones. Renunciar a su protección, o amenazar con arrebatarla, es garantizar el hambre y la miseria. Para que Colombia avance, es imperativo que se protejan los derechos de propiedad, asegurando un entorno estable y propicio para el desarrollo personal y colectivo.
La pésima idea de una constituyente que tiene el Gobierno debe ser rechazada de tajo, sin permitir siquiera el debate. Esta propuesta seguramente abriría la puerta para ampliar los mecanismos peligrosos de destrucción de la propiedad privada en Colombia y, por ende, acabar con la libertad. Proteger la propiedad privada no es solo una cuestión de economía, sino de libertad y dignidad humana.
