Las urnas o la violencia

La lucha violenta en las calles que estamos viviendo es propia de otras épocas, dónde los vasallos reclamaban de regímenes despóticos sus derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad y, por supuesto, sus derechos políticos.

El uso excesivo de la fuerza y de las vías ilegales de la que están haciendo uso algunos colombianos, solo se explica porque carecen de información sobre los derechos de arraigo constitucional y legal con que cuentan. Nadie les ha informado que es difícil encontrar una nación con una carta política tan garantista de los derechos de sus ciudadanos como la colombiana.

Es hasta paradójico que, incluso, el Estado se ve a gatas para reconocer la ilegalidad del bloqueo de una ciudad, como consecuencia del uso de la violencia de algunos ciudadanos que reclaman entre varios deseos, el de ser oídos.

Lo cierto es que la estructura política de Colombia parte de unos pilares democráticos fundamentales ciertos, claros y exigibles. Así, conforme a la Carta Política del 91, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación del poder político, para lo cual tienen derecho a elegir a sus gobernantes y a ser elegidos. Surge entonces la pregunta de si esos derechos políticos a pesar de estar presentes en la Constitución, no son ejercitables. Y la respuesta es clara. En Colombia no existen mayores limitaciones para que los ciudadanos participen en política y ejerzan su derecho a elegir sus gobernantes. Así lo ratifica el informe sobre la Calidad de la Ciudadanía y la Democracia del 2019, liderado por la Registraduría Nacional de Colombia, en el que se aprecia que solo 6% de los colombianos manifestó que “nunca” puede ejercer libremente su voto.

De manera que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, tienen el derecho a escoger sus representantes a nivel local y nacional, a partir de todo tipo de consideraciones que sean relevantes para el elector, como por ejemplo la experiencia de los candidatos, su integridad moral y ética, sus programas, inclinaciones políticas, etc.

Siendo esto así, por lo menos desde 1991, los colombianos han escogido democráticamente a sus gobernantes a nivel local y nacional. Si no se ha escogido bien, los culpables son los mismos electores. En Buenaventura, por ejemplo, para las elecciones del Concejo y Alcaldía en 2019, votó el 55% del potencial electoral. Si eligieron bien o mal, los responsables son los electores. Esto para no entrar a calificar la voluntad del pueblo en esa ciudad donde los últimos cuatro alcaldes terminaron con graves problemas judiciales.

Pero ello no puede llevar a la ciudadanía a renunciar al ejercicio de la democracia, para exigir que se cumplan sus reclamos a través de vías de hecho, que incluyen la violencia terrorista. Con un problema fundamental, y es que la voluntad de los violentos puede que no represente a la mayoría, ni a una porción relevante de los colombianos. Nadie puede medir con certeza, cuántas personas se encuentran representadas en las solicitudes de los líderes del paro. Solo la democracia y el ejercicio del voto, le permite a una sociedad establecer cuál es la voluntad del pueblo.

De no hacer uso de la democracia, el pueblo entra en un peligroso camino. El de expresar su voluntad a través de vías de hecho y no del voto. Llevemos entonces nuestras diferencias, al próximo proceso electoral.