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Mucho se ha escrito sobre la coyuntura con las tarifas de energía en Colombia y en el mundo. En el país, gracias al liderazgo de la Ministra de Minas y Energía y en pro de apoyar una mejora en los cobros a los consumidores, los generadores eléctricos y otros agentes de la cadena trabajamos conjuntamente para alcanzar un alivio en las facturas que reciben millones de colombianos mes a mes. Isagen, por ejemplo, en el Marco del Pacto por la Justicia Tarifaria y cumpliendo los plazos previstos por la Resolución Creg 101-029, ha ofrecido descuentos a su portafolio de clientes comercializadores que atienden el mercado regulado, garantizando un descuento real sobre los precios que aplicarán este trimestre y fijando un techo máximo a los precios en 2023.
El mercado eléctrico colombiano ha gozado de un marco regulatorio estable que ha sustentado la expansión de la capacidad generación eléctrica confiable en los últimos 30 años, fruto de un proceso de construcción con las entidades que rigen el sector, y avanza en una transición energética que garantizará mayor confiabilidad y tarifas justas, como es el objetivo de todos.
Las estimaciones de la Upme indican que la demanda futura de energía en Colombia debería crecer alrededor de 2,5% anual. No obstante, en los últimos años la demanda ha crecido alrededor de 5% y, a futuro, la descarbonización del país podría impactar materialmente estas proyecciones. Sin embargo, hoy persisten incertidumbres sobre la puesta en operación de Hidroituango, las líneas de transmisión y los proyectos renovables en La Guajira.
En un escenario conservador, el país necesitaría plantas que puedan entregar 2.500 GWh de energía que equivalen entre 600-1.500 MW de capacidad nueva cada año (dependiendo de la tecnología escogida), para sustentar el crecimiento de la demanda. Las fuentes de esta expansión seguramente vendrán de pequeñas centrales hidroeléctricas o plantas fotovoltaicas y las inversiones requeridas serían del orden de 7 billones de pesos por año.
Es un reto lograr está expansión y asegurar el normal abastecimiento de la demanda, ya que el ambiente macroeconómico es complejo y las tendencias internacionales pronostican mayores turbulencias. Las altas tasas de interés y una devaluación acelerada han incrementado el costo de proyectos en cerca de 40%, en los últimos 24 meses. Un termómetro de este fenómeno fue la última subasta de contratos de fuentes no convencionales, que reflejó precios 20% por encima del mercado. Para lograr esta expansión es fundamental un trabajo mancomunado del Gobierno y el sector privado que asegure el licenciamiento ambiental y su seguimiento, así como la construcción en tiempos y costos y la puesta en marcha de las plantas generadoras y la transmisión requeridas. De nuestra parte, en Isagen estamos comprometidos a ser actores preponderantes en la aceleración de la transición energética propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La inversión en grandes proyectos de infraestructura requiere unas reglas de juego estables. No hay que perder de vista que son inversiones a más de 30 años que se sustentan en la credibilidad de los agentes, en el marco normativo y la lógica de un mercado en competencia. El activo más grande que tiene el sector eléctrico en el país es su institucionalidad y no debemos dejar que la coyuntura nos lleve a realizar cambios apresurados, que en el largo plazo pueden ser costosos para el país.
Si queremos tarifas más competitivas, el camino es la expansión de la capacidad del Sistema y para esto se deben asegurar las condiciones que respalden estas inversiones. De lo contrario, las tarifas tenderán a subir y vamos a correr riesgos de abastecimiento que serían nefastos. Hay que recordar que la energía más cara es siempre la que no se tiene. Ya el país lo sufrió a principios de los años noventa. Estamos a tiempo para tomar acciones sin desaprovechar lo construido.
