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Con referencia al Acto Legislativo en trámite en el Congreso de la República, las regiones productoras pasarán de recibir 11% a 25% del total del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), de los cuales 20% se destinarán a departamentos y municipios donde se adelanten actividades de extracción de recursos no renovables.
El porcentaje de la inversión territorial se mantendrá en 34%, para proyectos de impacto regional, teniendo en cuenta los criterios de población, pobreza y desempleo, y se incrementará de 9,5% a 10% los recursos para ciencia, tecnología e innovación.
En concreto, gracias a esta reforma constitucional, que pasa a conciliación del Senado y la Cámara de Representantes, los municipios más pobres pasarán de recibir 10,7% a 15% del total de regalías con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población.
La redistribución parece ser un buen anuncio, sin embargo, hubo una fuerte disminución del ahorro del Estado, que pasó de 22,5% a 4,5%. En este sentido es importante que se genere una política de estado, que permita mantener recursos suficientes para atender las necesidades durante épocas de bajos precios del crudo.
Actualmente, la recuperación del monto bianual del presupuesto de regalías obedece a los altos precios del petróleo, que se registraron en los mercados internacionales el año pasado, con una referencia Brent que marcó niveles por encima de US$80. Pero de todos es conocida la volatilidad de los precios, y eventualmente el presupuesto de este renglón se podría ver afectado.
De otro lado, preocupa también la falta de gestión por parte de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad). Estos deben repensarse, pues no han funcionado como entes eficientes administrando recursos. Prueba de ello es que, en el bienio 2017 - 2018 se quedaron sin ejecutar más de $6 billones.
Es importante que el Gobierno pueda tener mayor control sobre los Ocad, para evitar focos de corrupción en los procesos de licitación, elefantes blancos y la no ejecución de los recursos.
De acuerdo a un informe de la Contraloría, desde 2012 hasta 2016 de $40,8 billones presupuesto quedaron $10,7 billones sin ejecutar, esto deja en evidencia la lentitud de los Ocad a la hora de aprobar los proyectos de inversión.
Además, para que las comunidades puedan ver el beneficio que pueden traer las regalías es importante el rediseño de estas entidades, donde se incluya una labor pedagógica hacia las regiones, para que realicen una adecuada formulación y sustentación de los proyectos, recibiendo también la orientación estratégica de las inversiones.
Las comunidades han sido víctimas de la corrupción a la hora de ejecutar las regalías, ya que la existencia de recursos no significa que se destinen como lo establece la Ley. El caso de La Guajira es uno de los más notables: el departamento ha recibido más de $2 billones en recursos de regalías a lo largo de una década y sigue presentando duras falencias en el cubrimiento de necesidades básicas.
Es necesario que las autoridades regionales, locales y la comunidad estén motivadas a defender las actividades de la industria petrolera y minera, y tengan sentido de pertenencia sobre estos proyectos, por lo que es indispensable la aprobación de este Acto Legislativo.
