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Con una deuda pública que a diciembre del año pasado llegaba a los $4,5 billones, sin mayores recursos para atender los gastos funcionamiento en medio de la pandemia y urgidos de créditos blandos, los departamentos trabajan en la preparación de un plan de salvamento que les permita resolver su apremiante situación.
De acuerdo con su plan de acción, elaborado a partir de un amplio diagnóstico y un repertorio de propuestas preparado por la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores tocarán a varias puertas: la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Superfinanciera, Findeter y organismos de crédito.
A la Presidencia le pedirán el establecimiento de una línea de crédito de salvamento, con tasa de redescuento y plazo de gracia de tres años, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) o del Presupuesto General de la Nación.
A la Superfinanciera le propondrán expedir una circular cuyo efecto sea la modificación de las condiciones de crédito público contratadas por los entes territoriales. Así, buscan un aplazamiento de los pagos por concepto de capital e intereses por seis meses o un año y que las entidades financieras puedan renegociar los créditos actuales.
Durante una reunión virtual realizada este lunes y convocada por mí, comenzó a abrirse paso un consenso sobre la necesidad de gestionar en las instancias del Ministerio de Hacienda una autorización para que los departamentos puedan contratar operaciones de crédito público.
El asunto tiene ribetes de urgencia por algunos de los departamentos están ya en riesgo de caer en moratoria y en incurrir en causales para su intervención administrativa y su sometimiento a acuerdos concordatarios.
Findeter y Finagro, según en la propuesta revestida de S.O.S., quedarían autorizados para ofrecerles a las entidades territoriales créditos blandos, frente a varios de los cuales la Nación actuaría como garante.
“Los departamentos somos tan empresa como los privados y merecemos un trato equivalente al que el Gobierno Nacional les está dando a ellos”, dijo durante el encuentro la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.
Si prosperan las propuestas, las entidades territoriales también quedarían exentas de la aplicación de los límites fijados legalmente para los gastos de funcionamiento.
Como actualmente el pago de sus nóminas ya se encuentra en riesgo, piden otras medidas de contingencia. Una de ellas consiste en aplicar un mecanismo de compensación del Sistema General de Participaciones para ampliar su aplicación para garantizar la prestación de servicios esenciales.
De acuerdo con información de las secretarias de Hacienda regionales, los departamentos se han visto golpeados con la caída en el impuesto al consumo de 57%, durante el lapso comprendido entre el 26 de marzo y el 25 de abril. El recaudo por cervezas importadas ha bajado un 75% y el de licores en un 34%.
Los impuestos al consumo de productos nacionales también presentan un fuerte decrecimiento.
Comparado con el recaudo producido durante enero y abril del año pasado, que fue de $129.737 millones, la variación negativa durante el mismo lapso de 2020 -bajo efectos de la pandemia- ha sido del 100%. La variación negativa del impuesto del impuesto a la cerveza ha sido del 18% y en licores del 53%.
La propuesta, de la cual tomó nota el nuevo consejero presidencial para las regiones, Federico Hoyos, ya comenzó a ser socializada con el Gobierno Nacional.
