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En medio de la natural incertidumbre generada por una pandemia que no reconoce fronteras, el Estado colombiano está demostrando la fortaleza institucional necesaria para hacer frente a este, el principal desafío de nuestra historia contemporánea. El Gobierno Nacional y las administraciones departamentales y municipales han sabido articular decisiones que consultan la realidad y concitan el indispensable apoyo ciudadano, pese a algunas reservas iniciales que también son normales.
Con la participación y el respaldo de las administraciones territoriales, el Gobierno Nacional acaba de crear un mecanismo indispensable para manejar racionalmente los recursos dispuestos para la atención de la emergencia y para focalizar esfuerzos para la protección que requieren los sectores más vulnerables. El Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) refleja el criterio gerencial que necesita la movilización de los recursos necesarios en estos tiempos de contingencia.
Sus dos principales fuentes son garantía de solidez. Uno es el Fondo de Ahorro y Estabilización, que tiene a buen recaudo recursos derivados de las épocas de las bonanzas en la producción de recursos naturales, cuando las regalías han mostrado una fluctuación positiva. De allí quedarán disponibles $12,1 billones.
Otro, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), está en condiciones de prestarle al Gobierno dineros que no va a necesitar antes de 2040. De allí, el Ejecutivo va a disponer de $2,7 billones.
Es necesario dejar en claro que los recursos acopiados por el Fome provienen de deuda pública que será asumida por la Nación. Su disposición se hará de manera coordinada y articulada con las entidades territoriales, atendiendo por su puesto las necesidades de las poblaciones y de las comunidades.
Lo importante es que quedarán disponibles dineros necesarios para atender las necesidades de programas de indudable calado social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y también a los llamados “informales”, es decir, a personas que no hacen parte de ellos pero que son especialmente vulnerables en esta época de aislamiento preventivo.
No se trata, en manera alguna, de afectar la liquidez de las finanzas territoriales. No, se trata de que Nación y Región fortalezcan una sinergia necesaria para garantizar la cohesión tan necesaria para contener la pandemia y para proteger la vida y la salud de los colombianos.
La Nación garantiza que honrará la deuda contraída con los pensionados de 2040. Más que un pacto de honor se trata de una decisión racional que tiene el sustento técnico necesario y que está libre de sesgos e improvisaciones.
En síntesis, el Fome es un fondo cuenta creado para dar liquidez y fluidez a los recursos, para proveedor las necesarias ayudas humanitarias a los más vulnerables y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud pública. Su manejo será coordinado con departamentos y municipios. En circunstancia alguna habrá restricción al flujo de recursos para las entidades territoriales. Por eso es importante que gobernaciones y alcaldías tengan listos sus proyectos concretos para la atención de la emergencia y la mitigación de sus efectos.
La Federación Nacional de Departamentos y la Federación Nacional de Municipios saludan también la decisión - igualmente concertada- de liberar, en forma más rápida y expedita, mayores recursos para agilizar la aplicación de la Ley de Punto Final en beneficio del sector salud, el más necesitado de apoyo en esta hora crucial para el país.
Esta determinación les permitirá a todos los operadores del sistema multiplicar los esfuerzos y atender con mayor vigor la contingencia. Las entidades territoriales lo han comprendido bien y aun en medio de la limitación de los recursos, están adoptando las medidas imaginativas y racionales necesarias en esta coyuntura.
