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Por segunda vez en el año, el Concejo de Bogotá está ad portas de tomar una de las decisiones más grandes para el Distrito Capital en los últimos 20 años: Decidir si se crea o no la Región Metropolitana. De aprobar su ingreso, Bogotá quedará atrapada en una institucionalidad que somete al Distrito a una gobernanza cerrada y corporativa, prácticamente sin posibilidad de ejercer control político y peor aún, sin posibilidad de salirse en el futuro: es un camino sin retorno.
Múltiples problemas se han demostrado desde la concepción de la Región, incluyendo la pérdida de autonomía de los municipios de la sabana y de Bogotá misma, incluso en la formulación de sus Planes de Desarrollo. Sin embargo, este acuerdo politiquero entre la Alcaldesa y el Gobernador de Cundinamarca, matizado con algunos tintes tecnocráticos, es un adefesio que se convertirá en un dolor de cabeza en materia económica tanto para la ciudad como para los municipios que lleguen a ingresar a la Región.
Aún cuando el Concejo no ha aprobado el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana, y por lo tanto no se ha puesto en funcionamiento, la Alcaldesa logró aprobar en agosto más de $1.400 millones en el ajuste presupuesta! para la vigencia 2022, cifra que correspondía sólo a cuatro meses de funcionamiento de la Región Metropolitana y que aumentará a medida que el Distrito ceda competencias.
A pesar de que el Gobierno Nacional debe dar recursos a la Región, es tan grande la cantidad de fuentes y mecanismos de financiación que requiere que se contemplen nuevos impuestos, como por ejemplo: el cobro por contraprestación aeroportuaria o el cobro por derechos al uso de las terminales de transporte y centros de intercambio modal. Adicionalmente, se abre la puerta a una sobretasa de hasta 5% sobre los impuestos del Distrito Capital y de los demás municipios que se asocien, dentro de los cuales se encuentra el impuesto Predial que ya pagamos todos los años.
Asimismo, la Ley aumenta de golpe el impuesto de vehículos en toda la región en 0,2 puntos porcentuales adicionales; es decir, que si un contribuyente debe pagar este impuesto con la tarifa más baja, equivalente a 1,5%, ahora tendrá que pagar 1,7%, lo que aumentará el impuesto de un carro avalado comercialmente en $20 millones, de $300.000 a $340.000. Si se aplica la tarifa media (2.5%), a un carro de 55 millones, el tributo pasaría de $1.375.000 a $1.485.000, con un aumento de $110.000.
Por otro lado, la Ley le otorgó facultades a la Región Metropolitana y a la Agencia Regional de Movilidad de realizar el cobro de la contribución regional de valorización sin ningún tipo de autorización previa o control por parte del municipio afectado, a diferencia del proceso que actualmente opera en los municipios que requieren el visto bueno del Concejo.
Debo aclarar que siempre he defendido la necesidad de financiar el Estado para tener instituciones fuertes, pero lo que es absolutamente inaceptable es que la alcaldesa, Claudia López, y el Gobernador de Cundinamarca pretendan que los bogotanos y los cundinamarqueses paguemos la burocracia de sus acuerdos políticos para consolidar los intereses gremiales agazapados en ese caballo de Troya al que bautizaron Región Metropolitana.
