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La alcaldesa Claudia López no sólo les incumplió a los ciudadanos sus promesas de campaña con la decisión de tirar a la basura $3,2 billones en una troncal de buses contaminantes; además, en medio de la peor crisis de salud en la historia reciente, decide desalojar a familias vulnerables de sus hogares para continuar con la construcción del Transmilenio por la Avenida 68.
Un proyecto que requiere de un total de 697 inmuebles, de los cuales 574 serán objeto de adquisición. Estos predios son generadores de empleo, producción, actividades sociales y económicas para centenares de familias. Es inaceptable que Claudia López, con su Bogotá cuidadora, pretenda desalojarlos sin garantizarles las condiciones dignas que requieren a mediano y largo plazo.
Mediante la Resolución 002853, el IDU reanudó los términos administrativos para la adquisición por enajenación voluntaria y expropiación administrativa y judicial de los predios requeridos para el desarrollo de la obra, de esta manera, los vecinos del barrio Milenta y otros barrios han sido notificados de manera física y virtual sobre el proceso de adquisición de predios, en donde se les presentan ofertas económicas muy por debajo del precio real de sus inmuebles, obviando aspectos fundamentales como el déficit gravitacional o el tipo de ingresos económicos que el inmueble le proporciona a los propietarios.
La Alcaldesa presentó un improvisado estudio de la FDN para justificar algo que no es más que una decisión política ¿Transmilenio o los vecinos del sector? López decidió honrar su compromiso con el cemento y faltar a su palabra con los vecinos y con el Polo Democrático Alternativo. En sus manos estuvo la oportunidad de suspender el proceso; sin embargo, decidió continuar y el pasado 23 de enero firmó el contrato.
Si bien, la Administración fundamenta su decisión en el Decreto 569 del 2020 y el Decreto 121 del mismo año, a través de los cuales se permite la continuidad y el desarrollo de obras de infraestructura de transporte durante el término de la emergencia sanitaria; no es menos cierto que este proceso afecta de manera definitiva a las familias que han vivido allí toda su vida y que no tienen a donde ir.
Cabe resaltar que entre los vecinos hay personas vulnerables; adultos mayores; personas en condición de discapacidad; cuyo único patrimonio lo constituyen aquellos bienes de los cuales pretenden despojarlos, aunado a ello, el Distrito tampoco ha evaluado los perjuicios psicológicos y emocionales que causarían a estas familias.
Transmilenio por la Av. 68 es la crónica de una decepción anunciada; además de afectar la vida de tres millones de personas, no cumple con las características para garantizar un sistema intermodal de transporte en la ciudad; no tiene en cuenta al peatón y la accesibilidad universal al espacio público; su improvisación llega al punto que no hay claridad sobre el patio taller, ni las conexiones que tendrá con el Regiotram ni el metro.
La Alcaldesa debe frenar el proceso de adquisición de predios al menos hasta que termine la pandemia. Si no puede cumplir con sus promesas, por lo menos debe garantizar el bienestar de los ciudadanos que votaron por un cambio y que hoy solo sienten desolación.
