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La política fiscal es esencial para gestionar desequilibrios macroeconómicos y definir la postura de un país ante crisis internas y choques externos. Más allá de su rol estabilizador, la política fiscal determina la capacidad de los gobiernos para impulsar el desarrollo económico y social. A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, persisten importantes desafíos en América Latina y el Caribe (ALC) que comprometen tanto la sostenibilidad fiscal como la recuperación económica. Factores como la informalidad, la evasión fiscal y la limitada calidad del gasto público han dificultado alcanzar estos objetivos.
Entre 1990 y 2022, la recaudación tributaria en la región de ALC como proporción del PIB aumentó en promedio 6.9 puntos porcentuales, gracias principalmente al incremento de los ingresos por IVA y por impuestos sobre la renta y las ganancias, que crecieron 3.8 y 3.1 puntos porcentuales, respectivamente. Durante el mismo periodo, la brecha entre la recaudación promedio de ALC y los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) disminuyó de 16,2 a 12,5 puntos porcentuales, a pesar de un ligero repunte desde 2010. América del Sur lideró este crecimiento dentro de la región. Sin embargo, estas cifras ocultan desafíos estructurales profundos.
La informalidad laboral sigue siendo un obstáculo clave. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2023, 55,5% de la población activa en ALC trabaja en condiciones de informalidad, cifra que contrasta marcadamente con economías avanzadas como Alemania (2,5%) y Francia (3,6%). En países como El Salvador (66,5%), México (56,3%) y Colombia (55,9%), la informalidad sigue siendo prevalente. Este fenómeno reduce la base tributaria, limita los ingresos fiscales, amplía la evasión de impuestos y restringe la capacidad estatal para financiar políticas públicas esenciales. Así, la sostenibilidad fiscal y los esfuerzos redistributivos se ven profundamente afectados.
Por otra parte, el aumento del gasto público en relación con el PIB, que pasó de 25% en 2000 a 33% en 2022, ha sido significativo en casi todos los países de la región. Este incremento, impulsado por eventos como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, se ha concentrado más en gastos de funcionamiento que en gastos de capital, como inversión en infraestructura, o en inversión social. La rigidez del gasto público, atribuida en gran medida al pago de servicios de la deuda interna y externa, agrava esta situación. Tras la pandemia, el promedio de deuda pública en la región aumentó de 53,9% a 66% del PIB entre 2019 y 2020, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre su sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
En síntesis, la política fiscal en ALC enfrenta retos estructurales que limitan su capacidad para promover el desarrollo sostenible y manejar crisis económicas. Aunque la recaudación tributaria ha mostrado avances significativos en las últimas décadas, problemas persistentes como la elevada informalidad, la evasión fiscal y la ineficiencia en la composición del gasto público restringen el impacto positivo de estos avances. Ante este panorama, surge una pregunta clave: ¿cómo pueden los gobiernos de la región equilibrar la sostenibilidad fiscal con la implementación de políticas efectivas que fomenten la formalización y promuevan un gasto más eficiente y equitativo?
