Inversión forzosa: riesgo para la economía nacional

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro, argumentó públicamente la necesidad de reactivar la economía colombiana a través del mecanismo de inversión forzosa. No obstante, este anuncio ha generado preocupación y controversia en la sociedad. Por ello, es fundamental analizar si esta iniciativa promoverá un crecimiento económico sostenible o si será contraproducente.

La inversión forzosa es una estrategia económica que se ha aplicado en Colombia desde 1960, surgida de la necesidad de inyectar mayor liquidez a sectores de la economía que carecen de acceso a ella. Este mecanismo consiste en obligar a las instituciones financieras a adquirir títulos valores emitidos por el gobierno, quien se compromete a pagar una tasa de interés; sin embargo, esta tasa es inferior a la ofrecida en el mercado financiero. Un ejemplo concreto se encuentra en el sector agrícola, donde el gobierno ha mantenido una inversión forzosa a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario.

Si bien esta iniciativa tiene buenas intenciones para dinamizar el crecimiento económico, al pretender incentivar la producción mediante el acceso al crédito para pequeños productores, la experiencia demuestra que las consecuencias de esta medida pueden ser contraproducentes. Cuando el gobierno obliga a las instituciones financieras a adquirir títulos valores con una tasa de rendimiento menor a la del mercado, estas tienen dos opciones: asumir la pérdida asociada a la diferencia entre la tasa pactada con el gobierno y la del mercado, o incrementar las tasas de interés de los créditos ofrecidos al público para compensar la diferencia.

El costo de oportunidad que impone la inversión forzosa obliga a los bancos a encarecer los servicios financieros. Esto afecta el consumo de los hogares que dependen del crédito y los planes de inversión financiados a crédito tanto de microempresas como de grandes firmas, reduciendo así la demanda interna. Vista desde cualquier ángulo, esta iniciativa de inversión forzosa resulta totalmente contraproducente para promover un mayor crecimiento económico.

La experiencia más reciente de la inversión forzosa en el sector agrícola, aprobada por el Congreso de la República, demuestra que, a pesar de que el Banco Agrario reduzca las tasas de interés para que los pequeños emprendedores del campo aumenten su productividad mediante la obtención de crédito, el sector agrícola sigue siendo ineficiente. El problema del sector agrícola no es monetario, sino estructural: cientos de hectáreas de tierra enfrentan problemas de informalidad en la tenencia, y existe una falta de tecnología e innovación en la maquinaria que promueva la eficiencia en los campos.

Si el gobierno nacional considera que otorgar crédito a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios resolverá el problema estructural del sector primario de la economía colombiana, la iniciativa de inversión forzosa en ningún caso es la solución. Sería menos costoso para todos los colombianos que el gobierno, a través del Presupuesto General de la Nación, creará una línea de gasto para subsidiar estos objetivos mediante bancos de segundo piso. La inversión forzosa no expropia ahorros, pero sí encarece los costos de los servicios financieros para todos los colombianos.