La cooptación de la deuda pública en Colombia

La idea de renegociar la deuda pública en Colombia ha desatado un ferviente intercambio de opiniones en el ámbito académico y político. Si bien se destaca la importancia de revisar las condiciones del crédito externo, considero que esta perspectiva, aunque es relevante, no aborda por completo la complejidad del problema que afecta las finanzas públicas y, en últimas, a las familias colombianas.

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) permiten mencionar que entre 2001 y 2024, la deuda pública del país ha estado mayoritariamente compuesta por deuda interna, representando un considerable 65,2% en promedio, en contraste con el modesto 34,8% correspondiente a la deuda externa. Por esta razón, la verdadera pregunta no debería ser ¿con que banca multilateral renegociar la deuda externa?, sino, más bien, ¿con que sectores privados de Colombia se debe renegociar la deuda interna?

La evidencia sugiere que 56,9% de la deuda pública está compuesta por Títulos de Tesorería (TES), 17,3% por bonos externos, 6,9% por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y 18,9% por otros conceptos. En este sentido, es crucial comprender quiénes son los tenedores históricos de TES en Colombia. Al revisar la información disponible en el Ministerio de Hacienda, se puede identificar que desde 2010 hasta 2023, los principales poseedores han sido los fondos de pensiones y cesantías (27,8% en promedio), los fondos de capital extranjero (20,2% en promedio) y los bancos comerciales (16,1% en promedio). Esto implica que, del total de TES emitidos para el financiamiento del gobierno nacional durante los últimos 23 años, 64,1% está en manos de tres agentes del sector privado, lo que evidencia la potencial influencia que pueden ejercer sobre la evolución financiera de Colombia.

Ahora bien, al considerar el Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda acumulado hasta diciembre de 2023, se observa que 30,8% del total del servicio de la deuda corresponde al servicio de la deuda externa, mientras que 69,2% corresponde al servicio de la deuda interna. Lo preocupante de esta distribución en la asignación presupuestaria es que, de 69,2% de la deuda interna, 53,6% representa el pago de intereses y comisiones, lo que reduce el margen de respuesta para la amortización del capital.

Es imperativo, entonces, comprender a partir de este análisis que la deuda está dominada por un grupo selecto de agentes del sector privado. Las implicaciones que esto tendrá en un futuro próximo radican en que los TES son títulos de deuda que se pagan en diversos plazos; algunos se liquidan hoy, pero una gran cantidad se liquidará en un horizonte de tiempo más amplio. Por consiguiente, conforme se aumente la dependencia de la financiación pública mediante este mecanismo, la probabilidad de que la deuda sea totalmente cooptada por actores privados en el futuro crece, generando una influencia y presión exacerbadas sobre el rumbo de las finanzas públicas. Este escenario amenaza con obstruir la posibilidad de redirigir recursos hacia una inversión social más significativa para el beneficio de las familias colombianas, ya que los recursos se verán cada vez más absorbidos por el pago de intereses desmedidos.

También, el análisis detallado de la estructura de la deuda pública en Colombia revela una preocupante tendencia hacia la cooptación por parte del sector privado, especialmente en la forma de Títulos de Tesorería (TES). La predominancia de agentes privados, como fondos de pensiones y cesantías, fondos de capital extranjero y bancos comerciales, como principales tenedores de esta deuda interna, sugiere una potencial influencia desproporcionada en las finanzas públicas del país. El desbalance en la distribución del servicio de la deuda, donde una parte significativa se destina al pago de intereses y comisiones, limita la capacidad del gobierno para invertir en programas sociales y necesidades básicas de las familias colombianas. Esta situación plantea un escenario preocupante donde la autonomía financiera del gobierno podría verse comprometida, con una mayor presión por parte del sector privado para mantener sus intereses.