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El último informe sobre la Incidencia de la Pobreza Monetaria y la Pobreza Extrema en Colombia, correspondiente a 2023, revela que la pobreza tiene muchas caras, las cuales varían de un lugar a otro y a través del tiempo.
Desde la definición más ortodoxa, se ha comprendido que la pobreza monetaria se centra en la noción de no tener suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas, como comida, ropa y vivienda. Sin embargo, la pobreza es mucho más que no tener suficiente dinero; la mayoría de las veces es una situación de la que la gente quiere escapar.
En este sentido, la evidencia sugiere que, para el año 2023, la pobreza monetaria (33%) y extrema (11,4%) experimentaron una reducción a nivel nacional de 3,6 puntos porcentuales (p.p.) y 2,4 p.p., respectivamente, en comparación con el año anterior. Además, se observa una contracción en la tradicional medición de desigualdad de ingresos en los hogares colombianos, ya que el coeficiente de Gini pasó de 0,56 en 2022 a 0,54 en 2023.
No obstante, este panorama alentador a nivel nacional no se refleja con la misma intensidad en los territorios del país. La pobreza monetaria fue marcadamente mayor, casi el doble respecto al nivel nacional, en ciudades como Quibdó (60,1%), Valledupar (49,8%) y Riohacha (46%).
La persistencia de la pobreza monetaria en Colombia es contundente
Aunque se han realizado esfuerzos significativos en materia de política pública por parte del gobierno nacional y las autoridades territoriales, la pobreza monetaria sigue siendo un problema social complejo. Ciudades como Popayán (39,9%), Valledupar y Villavicencio (29%) presentan los mayores incrementos absolutos en la incidencia de la pobreza monetaria y extrema.
A nivel desagregado por género, en Popayán, la pobreza monetaria aumentó 1,2 p.p. para los hombres en comparación con 2022. En Valledupar y Villavicencio, la pobreza monetaria se incrementó en 2 p.p. en cada una de estas ciudades. Considerando la pobreza extrema para las mujeres en Neiva (42,3%), Valledupar y Villavicencio, se observa un crecimiento de 1,8 p.p., 2 p.p. y 1,3 p.p., respectivamente, en comparación con el año anterior.
Además, es imperativo señalar que la pobreza no solo implica la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas, sino también la imposibilidad de participar en actividades recreativas, o pagar medicamentos para una enfermedad. Todos estos son costes de ser pobre. Las personas que apenas pueden pagar la comida y el alojamiento simplemente no pueden asumir otros gastos.
Cuando las personas son excluidas de la sociedad, no tienen una buena educación, un empleo formal que garantice un mínimo ingreso monetario y tienen una mayor incidencia de enfermedades, estas son consecuencias negativas para la sociedad en general. Todos pagamos el precio de la pobreza. El aumento del coste del sistema sanitario, del sistema judicial y de otros sistemas que prestan apoyo a quienes viven en la pobreza repercute en nuestra economía.
En síntesis, la persistencia de la pobreza monetaria en Colombia es contundente, pese a los avances observados en las cifras nacionales, plantea una urgente necesidad de abordar las disparidades regionales y las diferencias de género con políticas más inclusivas y focalizadas. ¿Qué estrategias innovadoras podrían implementarse para cerrar estas brechas y asegurar que los beneficios del desarrollo económico se distribuyan equitativamente entre todas las comunidades y grupos demográficos? Este es el desafío central que requiere la atención conjunta de gobierno, sociedad civil y sector privado, y abre un espacio crucial para el debate y la reflexión sobre el camino hacia una Colombia más equitativa y justa.
