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La discusión sobre la reforma del Sistema General de Participación (SGP) ha convocado a actores políticos de diversas regiones, así como a destacados centros de pensamiento económico e investigativo del país. La preocupación central se articula en torno a dos aspectos principales: el primero, la defensa de la reforma al SGP como un respaldo a la verdadera descentralización; y el segundo, el argumento de que, desde cualquier perspectiva, esta reforma es insostenible fiscalmente. Por ello, es esencial contribuir al debate desde la óptica de por qué la reforma, tal como ha sido presentada, no resulta conveniente.
Un punto crucial que merece ser destacado, y que a menudo escapa al conocimiento ciudadano, es la inflexibilidad del gasto público, dado que aproximadamente 84% de este está determinado por disposiciones normativas y constitucionales. Analizando los datos del gasto correspondiente al Gobierno Nacional Central (GNC) entre 2019 y 2023, se observa que cerca de 62% se destinó a gastos de funcionamiento, con las transferencias directas constituyendo la mayor parte (17% en el SGP), seguidas por las pensiones (15%) y la salud (7,7%). Esta realidad evidencia que depender exclusivamente de los ingresos corrientes para financiar el nivel de gasto del GNC no solo es cuestionable, sino que también plantea un riesgo inminente de insostenibilidad fiscal, poniendo en peligro el cumplimiento de las normas fiscales y la superación de niveles de deuda económicamente sostenibles.
Por otro lado, esta iniciativa parece no estar fundamentada en un análisis de viabilidad y sostenibilidad fiscal, sino que se centra en una necesidad política. Ningún gerente público responsable se arriesgaría a sacrificar el bienestar ciudadano a largo plazo. Esta postura se ve respaldada por el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que ha evaluado que, bajo un escenario sin reforma, la participación del SGP como porcentaje del PIB pasaría de 3,4% en 2023 a 5,8% en 2035. En contraste, bajo el escenario con la reforma inicialmente propuesta, el SGP incrementaría del 5,1% en 2026 al 8,2% en 2035, mientras que, según la recomendación de la misión de descentralización, un aumento gradual podría llevar al SGP a representar 5,5% del PIB, lo que implicaría un comportamiento similar al escenario sin reforma.
Lo más revelador de estas estimaciones es que todos los escenarios asumidos presuponen la falta de implementación de medidas para aumentar los ingresos, es decir, que el GNC no comenzará a incrementar o a establecer nuevos impuestos. Esta situación conlleva un incremento en los requerimientos tributarios, un incremento de la productividad que genera tales efectos que el GNC pueda percibir ingresos de valor como los mismos impuestos y niveles. Sin embargo, esta última idea es muy ilusoria, pues con tasas de crecimiento interanual del PIB del 2,1%, la insostenibilidad del acto legislativo es, a todas luces, evidente. De hecho, el equipo técnico de la Carf ha concluido que serán necesarias al menos tres reformas tributarias, además de considerar la inversión pública, para compensar los flujos futuros que generarán las transferencias adicionales.
En síntesis, la discusión sobre la reforma del SGP revela una compleja interrelación entre la necesidad de una verdadera descentralización y la insostenibilidad fiscal inherente a la propuesta presentada. A pesar de los argumentos que respaldan la reforma, se evidencia que la estructura del gasto público, caracterizada por su inflexibilidad y por el peso significativo de las transferencias, plantea serios desafíos para el cumplimiento de las normas fiscales y la estabilidad económica. Esta situación se complica aún más si consideramos que el gobierno enfrenta múltiples necesidades de gasto adicionales, como el déficit estructural del sector salud, las implicaciones de la reforma pensional y la financiación del gasto climático en el mediano y largo plazo. En este contexto, es imperativo que cualquier propuesta de reforma no solo contemple la descentralización, sino que también asegure la sostenibilidad fiscal, de manera que se proteja el bienestar ciudadano y se atiendan las exigencias que el país enfrentará en el futuro.
