Un país estancado no compite

Colombia ya no puede darse el lujo de improvisar. El Informe Nacional de Competitividad 2024-2025 es, en esencia, un espejo incómodo pero necesario: nos muestra que, mientras el mundo avanza hacia modelos de desarrollo sostenibles, inclusivos y tecnológicos, seguimos anclados en brechas estructurales que comprometen nuestro futuro productivo.

El documento articula cuatro pilares clave: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y sofisticación e innovación. Pero lo que realmente distingue esta edición es su enfoque en tres macrotendencias globales: el cambio climático, el envejecimiento poblacional y la aceleración tecnológica. Ignorar estos factores sería condenar nuestra economía a la irrelevancia.

En capital humano, los rezagos son persistentes. Solo el 55% de los jóvenes accede a educación terciaria, y las brechas en habilidades digitales se amplían. El informe señala que, sin una transformación profunda en educación y formación laboral, la productividad seguirá estancada. No se trata solo de cobertura, sino de pertinencia frente a las demandas de una economía digital y cambiante.

En eficiencia estatal, el diagnóstico es contundente: Colombia necesita una administración pública moderna, digital y meritocrática. Esto se alinea con los hallazgos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que muestra que el índice de desarrollo del servicio civil en la región apenas subió dos puntos en diez años, pasando de 38 a 40 sobre 100. Colombia se mantiene en 57, sin avances significativos desde 2014. Este estancamiento compromete la capacidad del Estado para liderar transformaciones de fondo.

Una innovación del informe es la inclusión del sistema de protección social como componente de la competitividad. En un país donde el 44% de los trabajadores está en la informalidad, pensar la protección social como herramienta productiva —no solo asistencial— es un acierto. El envejecimiento poblacional y la transición tecnológica exigen esquemas adaptables, sostenibles y universales.

La infraestructura para la innovación también preocupa. Aunque la inversión en I+D ha crecido, sigue por debajo del 1% del PIB. El informe advierte que sin una apuesta decidida por la ciencia y la tecnología articulada con el sector productivo, no podremos escalar en complejidad económica. Hoy, apenas el 6% de nuestras exportaciones corresponden a bienes de media o alta tecnología.

En cuanto a los mercados, la baja competencia, la informalidad y la rigidez institucional siguen siendo frenos estructurales. La digitalización avanza, pero encuentra barreras normativas y técnicas, especialmente a nivel subnacional. Sin modernización regulatoria, los avances seguirán siendo marginales.

El gran valor del informe es su visión prospectiva y participativa. Con más de 1.700 voces consultadas, se construyó un diagnóstico colectivo con metas claras. No es solo una radiografía de los problemas: es una hoja de ruta ambiciosa, pero posible. Nos recuerda que la competitividad no es una carrera entre empresas, sino un proyecto de país.

Este no es un informe más para archivar. Es una alerta informada sobre lo que debemos transformar si aspiramos a una economía más productiva, equitativa y resiliente. El reto ahora no es entenderlo, sino actuar. Los datos están ahí. La decisión, como siempre, será política.