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El Gobierno Nacional ha adelantado un borrador de lo que propondrá al Congreso en términos de reforma laboral, cuyos puntos clave giran alrededor de la estabilidad laboral, la jornada laboral, la vinculación laboral en plataformas digitales y otros beneficios. Como es lógico, todas estas normas encarecen las nóminas de las empresas y no ayudan a resolver el grave problema de informalidad que domina el mercado laboral en Colombia. La reacción del sector empresarial ha sido la de alertar que estos cambios tendrían un impacto entre 20% y 30%, dependiendo del sector en el costo laboral.
Sin embargo, me parece que este enfoque es equivocado y que en este debate ni el Gobierno ni el sector privado están abordando el problema de fondo. Primero sea preguntarse si una reforma laboral tiene como objeto una disminución de la informalidad laboral, y si un menor costo salarial favorecería la incorporación de ese 60% de la población hoy en la informalidad. La realidad no parecería ser esa pues no es dable pensar que, con menores salarios, el comercio formal, la industria y la agricultura absorban más de la mitad de la fuerza del país en un plazo racional. Primero que todo buena parte de la población que ha buscado refugio en la informalidad no tiene las competencias para incorporarse en un contexto económico y productivo que es cada vez más sofisticado; y segundo, con la relación capital trabajo existente en el país tendría que duplicarse el stock de capital (en todas sus formas) para absorber esa fuerza laboral.
La verdad es que cualquier reforma laboral va encaminada a los que están trabajando, no a los que no están trabajando. Para los que no están trabajando y para aquellos que se refugian en la informalidad, el Gobierno debe diseñar otras políticas y seguir otras estrategias. Para estos grupos deben existir programas de emprendimiento, de formación y desarrollo de competencias, de mayor escolaridad entre muchas otras y es iluso pretender que una reforma laboral va a cumplir con este tipo de expectativas.
Ningún país se va a volver más rico , ni va a lograr más empleo y desarrollo pagando malos salarios. Mejores salarios traen más costos, pero a la vez traen mayor dinamismo a la demanda y mayor actividad económica. Lo ideal es que ese mayor costo no impacte la competitividad de las empresas. El problema en Colombia no es que los costos salariales sean demasiado altos, el problema es que la productividad del país es demasiado baja, y con niveles bajos de productividad nunca lograremos mejores condiciones para los trabajadores. Según el Compendio de Indicadores de Productividad 2023 de la Ocde, la productividad en Colombia en 2021, medido por el producto bruto PIB, por hora trabajador fue la más baja de todos los países de este grupo. El indicador de Colombia es menor a 20 cuando el promedio de la UE es 60 y el de Irlanda 140. Estas cifras obligan a reflexionar sobre las políticas de productividad prácticamente inexistentes. Ese reto es responsabilidad del Estado, pero también de las empresas.
En la discusión sobre condiciones laborales de personas vinculadas a las plataformas no es aceptable que mientras empresas como Rappi se valoran en US$5.000 millones, quienes generan ese valor estén en condiciones precarias.
Productividad, mejores condiciones laborales en las plataformas , y mejores remuneraciones son esenciales para el desarrollo económico de Colombia.
