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Cada vez se hace más evidente que la gran diferencia en nuestros países entre izquierdas y derechas está en torno al papel que debe jugar el Estado en el quehacer nacional y que hace el sector privado. En Colombia, durante los escasos dos años que lleva el gobierno Petro, todo el empeño ha estado en pasar al Estado lo que ha venido haciendo los privados.
El primera envión para reducir el papel de los privados fue en la salud. Durante los últimos 30 años el modelo de prestación del servicio de salud estaba en manos de aseguradores privados que administraban fondos públicos y al menos en teoría, debía vigilar el correcto y eficiente uso de esos recursos y gestionar la cadena de servicios de salud mediante a afiliación de las personas a estas aseguradoras (EPS). Si bien un sistema que tenía sus fallas era un sistema que logró niveles de cobertura efectiva satisfactorios, por decir lo menos, y que ha venido gestionando la cadena de prestación del servicio de manera eficiente. La solución no fue abocar la solución de los problemas existentes, sino de exterminar la participación de agentes privados para que sea el Estado, en sus diferentes instancias, nacional, departamental y municipal, quien administre y gestione el servicio de salud .
Caso similar, la reciente aprobación de un nuevo sistema de pensiones, que obliga a que una porción considerable del ahorro de quienes cotizan a pensiones quede bajo la tutela del Estado. En este caso, el gobierno no logró su pleno cometido de llevarse a Colpensiones los ahorros pensionales de todos los colombianos hasta cuatro salarios mínimos, pero sí logró reducir la capacidad de los fondos de pensión privados, fortaleciendo al Estado. La idea de fortalecer la acción del Estado debilitando el papel de los privados es recurrente. En la ley de educación, uno de los puntos polémicos es el del papel de las universidades privadas, mientras el Gobierno busca crear una empresa minera para que sea el Estado que lleve a cabo la minería. Esa misma idea fue lo que llevó al alcalde Petro a tratar de estatizar la recolección de las basuras en Bogotá y explica muchas de las acciones del Gobierno.
Esta movida de desplazar el sector privado no es mala de por sí, si existiese un Estado eficiente y transparente capaz de administrar lo que venía administrando el sector privado. Se puede argumentar que en este modelo es más justo porque mientras en el sector privado el objetivo último es generar utilidades a sus accionistas, en el Estado este es el bienestar de la población, y es así como en muchos países europeos ese proceso se vivió hace muchos años y es el Estado el que brinda muchos de los servicios que aquí brinda el sector privado. El cuestionamiento surge de lo que en inglés se llama “accountalibilty”, es decir, quién debe responder por el eficiente uso de los recursos que el Estado asigna a estos servicios. En el sector privado hay una vigilancia directa de los “stakeholders”, que en el mundo moderno empresarial incluye a la comunidad, mientras en el sector público se diluye esa responsabilidad cuando no hay fiscalización real de los recursos públicos.
Se verá en los años venideros si el Estado es mejor prestador de servicios de salud y si el nuevo esquema de pensiones es sostenible fiscalmente. Si el Estado no se recompone y abandona la administración de los recursos mediante el clientelismo y el populismo, el país verá un retroceso que va a costar muchos años recuperar.