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El término fairplay, que inicialmente se utilizó para resaltar las buenas prácticas en los eventos deportivos, primordialmente el fútbol, es hoy aplicable al comportamiento de partes en competencia en cualquier ámbito sea este comercial o político. Según el diccionario Webster, se trata del “trato equitativo e imparcial”, mientras que el Diccionario Cambridge lo define como el “trato justo y honesto a las personas”. En buen español es el concepto contrario al juego sucio, lo que equivale a buscar elementos ventajosos sin necesariamente salirse del marco legal.
Y fairplay no es lo es lo que los colombianos estamos viendo en la contienda electoral. Reflejando un comportamiento que cada se abre más paso en la Nación, se ha avanzado sobre la premisa de que todo vale con tal de ganar. Si en el proceso se acaba con la integridad moral del contrincante, nada importa, eso es apenas un daño colateral en la guerra sucia que más allá de cualquier consideración ética tiene como propósito triunfar. “Calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”, rezaba esa vieja consiga de la confrontación partidista de la década del 50 del siglo pasado que revive con renovada fuerza.
Esta estrategia electoral no busca enviar un mensaje a los electores acerca de las bondades de las propuestas de los candidatos, sino que busca el triunfo sobre el aniquilamiento moral del contrincante. No es el debate de las ideas que enriquece y enaltece la democracia lo que sobresale, sino las acusaciones mutuas, la descalificación personal, el chisme, los rumores esparcidos a través de las redes sociales lo que hace la noticia diaria de la campaña. Aún cuando ocasionalmente aparecen propuestas, estas no se discuten, sino que se rechazan, no sobre la base de su contenido, sino con argumentos pueriles que se refieren al cuestionamiento de la autoridad moral de quien propone. Quedan escasos cinco días para que culmine esta vergonzosa campaña que quedará inscrita en la historia como un lunar protuberante en nuestra ya deteriorada democracia. Lo que sigue provoca un llamado a otro concepto que es necesario tener en cuenta y es aquel de respetar las reglas del juego.
Aún con todos los cuestionamientos que los candidatos han formulado a la idoneidad de la Registraduría Nacional de Estado Civil, esta es la institución que tenemos para contabilizar el voto depositado por los colombianos y cualquier duda debe tramitarse a través de los mecanismos que para ello existen. El país es una olla de presión y los candidatos tienen la obligación patriótica de respetar las reglas del juego con las cuales entraron a competir y no caer en la trampa de que las reglas son buenas cuando me favorecen y malas cuando los resultados me son adversos. Convocar al levantamiento o amenazar con hacerlo es irresponsable y de ese llamado no habría ganadores.
Si se llegase a un escenario en que las partes acepten las reglas del juego y a pesar de la pequeña diferencia que va a existir entre los votos de uno y otro candidato se proclame un ganador sin que ello lleve al convulsión nacional, el ganador debe aceptar las reglas de juego con las que participó, que no son otras que el marco legal y constitucional que sirvió de plataforma para su triunfo. En esta nueva etapa también debe existir fairplay y que no surjan las triquiñuelas y las “jugaditas”, a las que nos tienen acostumbrados los congresistas para acomodar la ley y la constitución a los caprichos del elegido.