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El World Justice Project acaba de publicar el índice de Imperio de la Ley (Rule of Law Index) del período 2017-2018. Como sucede en casi todas las mediciones sobre los más diversos aspectos, ¡en este nos va mal! Nos va mal en el índice de competitividad, en el de corrupción y ahora en este. No es extraño porque todos están íntimamente ligados.
Una sociedad sin justicia, será una sociedad con alta corrupción y una sociedad con esos parámetros necesariamente será poco competitiva. Sin embargo, el punto de partida a mi juicio es el imperio de la ley para construir una sociedad competitiva, transparente y con bienestar.
Es así que en la definición del concepto el reporte afirma que “efectivamente el Imperio de la Ley reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a la población de las pequeñas y las grandes injusticias. Es la base para construir comunidades de paz. Oportunidades y equidad- lo que conlleva desarrollo, gobiernos responsables, y respeto por los derechos fundamentales.
El Imperio de la Ley no es solamente el imperio de los jueces y abogados; todos los miembros de la sociedad son parte”.
En este nuevo índice, Colombia ocupa el puesto 72 en el mundo, el puesto 19 entre los países de América Latina y el Caribe y el puesto 24 entre 36 países de ingresos medios altos. En resumen, estamos mal posicionados frente al mundo y frente a nuestros pares.
El concepto de Imperio de la Ley se construye sobre cuatro principios fundamentales que conforman un sistema universalmente aceptado. Son estos: (i) Responsabilidad (Accountability) tanto del Gobierno como del sector privado que deben responder frente a ley; (ii) Leyes Justas, que sean claras, conocidas y estables, que se apliquen de manera generalizada, que protejan derechos fundamentales incluyendo la seguridad de las personas y la propiedad y los derechos humanos fundamentales; (iii) Gobierno Abierto, que refleja la forma en que las leyes son proclamadas, administradas y aplicadas de manera justa y eficiente; y (iv) Solución de controversias asequibles e imparciales que significa que la justicia se aplica de manera oportuna, por parte de representantes de la ley que sean competentes, éticos y neutrales, a los cuales haya fácil acceso, posean recursos adecuados y reflejen la composición de la sociedad a la cual sirven.
Resulta oportuno tener presentes estos conceptos en un país donde se discute como prioridad la reforma de la justicia, que en Colombia se entiende como la reforma de sistema judicial, dejando de lado temas fundamentales mencionados, como la calidad ética, los encargados de impartir justicias, la calidad de las leyes y el sometimiento a ellas de todos los agentes de la sociedad.
Solo si abocamos la discusión del imperio de la ley en Colombia de una manera comprehensiva, es decir, que incluya a la sociedad y no al exclusivo club de los jueces y abogados, se podrá construir las bases para una justicia transparente, generalizada y eficaz.
La justicia no es tema exclusivo de unos iniciados, sino un elemento central de la sociedad y en esa medida la discusión de la justicia debe incluir a la sociedad representada en diversos estamentos
No se puede hacer con la justicia lo que se hace con los impuestos, es decir, que cada mandatario cree tener la fórmula mágica que, por lo general, no funciona por la improvisación y la falta de coherencia social. La anunciada reforma a la justicia debe ser la base de la construcción de una sociedad justa y en paz.