Lo político y lo económico

Para que una sociedad pueda progresar en armonía debe existir un balance entre lo político y lo económico, y ese equilibrio parece casi un imposible como lo estamos viendo con el proyecto de regalías que está cursando en el Congreso. Uno pensaría que por encima de lo político debe primar lo económico, pero no siempre es así, y en ocasiones se sacrifica progreso económico por intereses políticos y se sacrifican principios democráticos íntimamente ligados a lo político por lograr un beneficio económico.

En el Congreso transita para último debate una reforma constitucional que busca trasladar mayores recursos a las regiones, lo cual es una iniciativa loable y políticamente poderosa. Reforzar presupuestalmente a los mandatarios y políticos locales garantiza a la clase política de las diferentes regiones su permanencia en el poder, en la medida que tengan una chequera más grande. Es una decisión eminentemente política que busca resultados eminentemente políticos, dada la experiencia que se tiene del manejo de recursos en las regiones que con frecuencia o buscan beneficios políticos, o caen en la corrupción.

En un país centralista con muchas regiones abandonadas a su suerte, parecería conveniente lograr una mayor descentralización, más aún cuando desde algunas de estas regiones se están empezando a oír voces que llaman al federalismo. Si bien esto es cierto, no está tan claro que un proceso de autonomías presupuestales sea conveniente sin que exista un cambio en las estructuras de control y manejo de los recursos y sin tener claro qué dejará de hacer el Estado central y qué pasará a manos de las regiones. Este complemento es fundamental si se piensa en lo económico. Desmontar los gastos y funciones del Gobierno central, que en su mayoría son inflexibles (SGT, servicio de la deuda, vigencias futuras, pensiones etc.) no se puede lograr en los tiempos que propone la reforma (12 años) que transita en el Congreso, que supone que mediante el Sistema General de Preferencias se eleven de 23,8% a 39,5% los ingresos que el Gobierno central les gira a las regiones anualmente, esta cifra equivaldría a 5,7% del PIB según el Ministro de Hacienda.

El resultado de esta reforma inspirada en lo político llevaría, según estudios realizados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Banco de la República, a una crisis en las finanzas públicas y un desequilibrio macroeconómico significativo en los próximos años, condenando a la Nación a la debacle económica. La pregunta que deben hacerse quienes están impulsando la iniciativa, empezando por el Ministro de gobierno, es si han tomado conciencia de la enorme irresponsabilidad que están próximos a concretar. Las alertas no han sido pocas, de manera que de seguir adelante lo hacen con plena conciencia del flagelo que provocarán en los próximos años a la gran mayoría de colombianos, incluyendo a quienes pretenden favorecer.

Mal hacen los parlamentarios en priorizar lo político para obtener resultados políticos en el corto plazo, cuando estarían sacrificando lo económico con una visión que no va más allá de su período electoral. Es claro que el país requiere mecanismos que permitan una mayor autonomía fiscal de las regiones y dar un paso más para debilitar el excesivo centralismo, que es ineficiente e injusto, pero esa tarea tiene que hacerse con juicio y valorando tanto lo político como lo económico, si quieren actuar como estadistas y no como politiqueros oportunistas.