Otra vez la corrupción

Parece ser la sin salida. No alcanza a terminar un escándalo de corrupción cuando ya empieza el siguiente y es difícil seguirles la huella a múltiples reportes que a diario trae la prensa. Para solo mencionar los más recientes, parece lejano el ingreso de los dineros del exzar de contrabando de cigarrillos a manos del hijo del Presidente electo y que según parece se quedaron en los bolsillos del intermediario. O el de los carrotanques de La Guajira y los sobornos a los presidentes de Senado y Cámara, o el de la Comisión de Endeudamiento de la Cámara que le costó el puesto al Ministro de Hacienda o más recientemente el “del pitufo rey de contrabando”.

Nunca sabremos los ciudadanos de común que pasó con estas causas, ni si se negociaron acuerdos de colaboración con la justicia y si estas colaboraciones fueron efectivas o si hubo condenas o no. Lo cierto es que todavía retumba en la memoria Odebrecht sin que nada haya pasado y que el señor Tapias desde su cárcel de lujo sigue recibiendo contratos como el de Centros Poblados. Desafía la imaginación que un funcionario acusado de múltiples delitos de corrupción y auto incriminado como financiador ilegal de la campaña Petro, se siente a la diestra del presidente de la izquierda que hizo campaña contra las viejas castas políticas y la corrupción, a la vez que se designe como nuevo ministro del trabajo un exconcejal imputado por solicitar coimas.

Esta reflexión viene a propósito de la publicación del último informe de Transparencia Internacional para Colombia, con resultados nada satisfactorios. Quedamos en el puesto 92 entre 180 monitoreados, perdimos una posición con respecto al año anterior, la percepción de 52% de los ciudadanos es negativa respecto a la corrupción y 22% de los usuarios de servicios fueron sujetos de sobornos. Alerta el informe que “la falta de acciones claras y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones está alimentando las actividades criminales organizadas, menoscabando la democracia y los derechos humanos, y amenazando poder alcanzar las Metas de Desarrollo Sostenible. Esto a su vez generando violencia, daño al medio ambiente y migraciones masivas a lo largo del continente”.

Es que el impacto de la corrupción va más allá del soborno mismo o de la omisión de la norma. Crea una cultura de ilegalidad y permisividad que escala a niveles insospechados. Indica que todo es posible y que todo tiene precio. No se trata de si se puede no se puede, sino de cuánto vale. Esta realidad la vivimos a diario en Colombia cuando sabemos que detrás de cada contrato público posiblemente hay una acción dolosa que acaba por retirar valiosos recursos necesarios para luchar contra la pobreza. Cuando sabemos que pagamos en forma de soborno un sobreprecio a las importaciones, cuando sabemos que los fusiles que usa la guerrilla y el narcotráfico provienen a veces de los mismos cantones militares, cuando los políticos negocian puestos por votos, pero no con el ánimo de defender un punto de vista, sino de aprovechar al funcionario para obtener los recursos para la próxima campaña.

Como bien lo anota Transparencia Internacional esto va menoscabando las instituciones, Lo vimos y lo vemos en la justicia, lo vimos y lo vemos en los militares, lo vemos en una Fiscalía y una Procuraduría selectivas y desde luego en todas las instituciones en el vecino Venezuela país con el que tenemos vasos comunicantes en muchos “frentes”.