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El trámite del Presupuesto General de la Nación es un ritual regido por una ley y varias costumbres que nos impiden que este proceso realmente determine el destino de la Nación o sirva para reflexionar sobre el gasto y las prioridades que debe tener el país. La semana pasada, en un acto más de la puesta en escena de la “pseudo discusión” del presupuesto, se aprobó lo que llaman el “monto”.
Por supuesto que voté de manera negativa, pero más allá de un voto negativo el proceso presupuestal en Colombia merece una reflexión de fondo. Este proceso hoy se ciñe a lo estipulado en la Ley Orgánica de Presupuesto que data de 1996. Establece que lo primero que se debe aprobar es el valor total del presupuesto.
Es decir que la semana pasada se aprobó de un solo tacazo, $350,4 billones casi sin discriminar. En el rito no se especifican los valores del presupuesto más allá de los cientos de miles de millones y tampoco hay mayor participación ciudadana.
La falta de discriminación es una burla para los que venimos a representar los intereses de los departamentos. Los Representantes a la Cámara fuimos elegidos para velar por los intereses de las regiones, pero con las reglas actuales debemos aprobar un monto sin saber cómo va distribuido a nuestros departamentos.
En el caso de la financiación de los ministerios, se nos brinda información sobre los montos que se asignan a funcionamiento, inversión y en algunos casos servicio de la deuda. Sin embargo, no se explica el por qué de los recortes o los aumentos ni la forma particular en la que se distribuyen los recursos. Esos enormes números agreden a más del 63% de los colombianos que tienen que vivir con menos de un salario mínimo cada mes y les cuesta tanto ver un solo millón de pesos juntos.
Eso sin contar con que el monto aprobado tiene un altísimo servicio a la deuda, que se hubiera podido evitar si se hubiese gravado en la reforma tributaria a los individuos más ricos de la sociedad. Además de que nos presentaron un monto basado en unos supuestos de crecimiento de nuestra economía, de inflación y de déficit fiscal que distan de los que hacen otras entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de la República.
Pero, sin duda, lo que más indigna es que se aprobó un presupuesto que no es consistente con la bandera de austeridad declarada en la reforma tributaria. Estos procesos sin coherencia, sin mayor detalle y en donde no se discute nada de fondo porque el rol del Congreso es más bien notarial, se agravan con las moneditas del Presidente Duque que tenemos que pagar los colombianos.
Yo hago un llamado a que hagamos un cambio en la estructura y proceso mismo de la aprobación del presupuesto.
Que volvamos el proceso un momento para alinear la visión de país, incentivar la participación de los ciudadanos, y tener claridad de los rubros asignados a cada cosa y el porqué. ¿Será el momento para hacer un presupuesto base cero tal y como se ha adoptado en algunas empresas o incluso algunos países como Chile en 2021? Debemos plantear unas reglas que limiten el gasto y obliguen a hacer un presupuesto menos automático.
Recordemos que el Congreso nació como un espacio de control a los monarcas absolutos y su manejo del presupuesto. Es hora de hacer reformas estructurales al ritual del presupuesto y honrar la principal razón de ser de un Parlamento.
