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El país está escandalizado, y con razón, con la corrupción que se ha destapado en Cali alrededor de un contrato de su empresa de Servicios Públicos, EMCALI, en el cual se compraron asientos de más de 17 millones de pesos, televisores por más de 40 millones cada uno y un video proyector por más de 700 millones. También, han caído mal los sobrecostos de la Presidencia de la República en la dotación de muebles y enseres de los aposentos privados de Petro y Francia Marquez, que si bien no representan mucho en términos del erario, ofenden a la ciudadanía por su falta de coherencia con el discurso de austeridad.
En el caso de Cali el tema de las pantallas y la contratación millonaria, viene de tiempo atrás y el reciente ruido es apenas la punta del “iceberg” de un modus operandi que tiene desangrado al municipio. Muchos no entendemos cómo se eligió a Jorge Iván Ospina como alcalde por segunda vez, cuando ya nos había demostrado su gusto por la contratación directa o amañada y los manejos irregulares y cuestionables en su primera administración del 2008 al 2011.
Por ejemplo, ahora que están en boga los sobrecostos de todo tipo, en especial televisores y proyectores, vale recordar que en el año 2009, a través de un Convenio entre el Fondo Mixto del deporte y la firma importadora B&T trading, se adquirió una pantalla LED para el Estadio Pascual Guerrero por un valor de $1.428 millones de pesos, de los cuáles según evaluación de la procuraduría, $804.145.980 fueron declarados como sobrecostos, sujetos a ser devueltos. No obstante, el fallo fue revertido por el alto Tribunal del Valle, por supuestos errores en el procedimiento del dictamen pericial.
Pero lo más grave no es uno u otro contrato millonario, sino que todo se originó cuando Jorge Iván Ospina le cobró a los caleños, por concepto de valorización para las llamadas “21 megaobras” alrededor de 800.000 mil millones. Como su nombre indica, esto debían ser para 21 intervenciones urbanas de gran impacto. El golpe fue para el bolsillo de los caleños que pagamos las obras a pesar que al final del mandato de Ospina 1, menos de la mitad estuvieran contratadas y se dejara la ciudad con una abismal deuda y sobrecostos en ese momento por más de 317.000 millones, según los órganos de control, solo en aquellas obras que estaban adelantadas.
Esto hay que recordarlo, entre otras, porque resalta la responsabilidad política de los que con tanto ahínco acompañaron la aspiración de Ospina a la Alcaldía de Cali en el 2019. Recuerdo muy bien la foto sonriente con Cesar Gaviria y muchos liberales que adhirieron y endosaron la candidatura de Ospina y que hoy están calladitos frente a los abusos. Con Ospina estuvo también el Partido el Verde, la U y varios miembros de Cambio Radical y por supuesto integrantes del Pacto Histórico. La mayoría no se ha pronunciado de las decenas de escándalos que pasan por un alumbrado móvil que costó $10.334 millones difíciles de justificar; una feria virtual por $11.336 millones pagando videos pre-grabados de artistas por sumas exorbitantes; 67 hallazgos administrativos de la Contraloría sólo en EMCALI; un reporte alarmante de la procuraduría sobre contratación directa por valor de más de 2.8 billones entre el 2020 y 2022; y un opaco panorama de licitaciones desiertas o con único oferente.
Desde que tengamos tanto Presidente como Alcalde de Cali que salen a medios cuando hay dudas contractuales justificando con argumentos populacheros y mentirosos los sobrecostos dizque porque eran para los empleados como dijo Petro, o porque es víctima al ser alfil Presidente como dice Ospina, profundizaremos la crisis, el robo y el sinsabor. Las salidas jurídicas y de control hay que perseguirlas con rigor, pero lo cierto es que Cali de esta no sale sino es con un profundo remezón político y moral.
PD. ¿Qué esperanzas hay de que fallen efectivamente los entes de control en estos casos si son elegidos por miembros de los mismos partidos que deben sancionar?