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Frente a cualquier fallo administrativo o judicial uno debe procurar acatar y respetar las instituciones. Sin embargo, esto no puede ir en contra de la debida defensa de los implicados. En el caso de Sergio Fajardo y de su responsabilidad fiscal en Hidroituango, hay argumentos claros para ser escépticos y cuestionar el fallo. Una decisión fundamental no sólo para Fajardo, sino para uno de los casos más sensibles de infraestructura eléctrica del país.
Lo primero que hay que decir es que la imparcialidad del contralor, Carlos Felipe Córdoba, está en entredicho. El señor Contralor ya se había extralimitado en su rol como auditor general de Antioquia y fue amonestado por salirse de sus funciones en casos contra Sergio Fajardo. Para la muestra dos botones. En 2016, acusó a Fajardo de haber gastado sumas desmesuradas en la Gobernación de Antioquia por concepto de publicidad y, nuevamente, en 2017 lo señaló de haber otorgado contratos en la Gobernación a donantes de su campaña.
En las dos ocasiones en que Córdoba acusó a Fajardo la información que sustentaba sus acusaciones fue imprecisa. Los altos gastos en publicidad de los que se denunciaba a Fajardo incluían información de entidades del departamento que eran independientes de la Gobernación. Así mismo, los contratos a donantes habían sido pactados con municipios de Antioquia y entidades descentralizadas, más no con la Gobernación.
Córdoba tuvo que rectificar las cifras expuestas en la investigación de los gastos de la Gobernación de Antioquia, en la corrección el informe pasó de decir que los contratos sumaban $165.000 millones a decir que su valor era por $66.000 millones. El entonces auditor general de Antioquia “confundió” las cifras del departamento con las de la Gobernación. Un funcionario con estos antecedentes ciertos y verificables de persecución a Fajardo no debería estar al frente de esta nueva y sensible investigación.
Pero, como si esto no fuera suficiente, hay un segundo argumento que tiene que ver con los evidentes tintes políticos. El proceso había estado suspendido en la Contraloría después del fallo de primera instancia y el 23 de noviembre reactivaron los términos. Así, quieren hacernos creer que en dos días escribieron 2.000 páginas y resolvieron 26 apelaciones, algo más de 2.500 folios.
No es coincidencia, además, que un proceso que estuvo suspendido se haya acelerado para sacar un fallo tan solo dos días antes de la reunión de los candidatos de centro para definir candidaturas y consulta presidenciales, donde Sergio Fajardo lidera las encuestas de intención de voto.
El país tiene que saber que ése es un proceso al que le ha faltado transparencia, se ha violado el debido proceso, no se ha cumplido con el principio de imparcialidad ni con la apariencia de la misma. Es importante rebatir los argumentos de que esto deja a Fajardo por fuera de la contienda. No sólo faltan muchas etapas, sino que es cuestionable que una entidad administrativa como la Contraloría pueda evitar que una persona ejerza su derecho a ser elegida.
Aquí no sólo está en juego la candidatura de Fajardo. El precedente de meterle mano a una elección presidencial y de poner las instituciones a jugar a la política son graves para nuestras instituciones y nuestra democracia. Basta repetir lo que dice Fajardo: la verdad y la decencia saldrán a flote, así se demoren un poquito.
