La realidad del sistema de salud

La semana pasada sumamos una preocupación más frente al futuro de nuestra salud, cuando una de las EPS más grandes y de mejor servicio y desempeño anunció su retiro. Hay que decir que a quienes hemos seguido de cerca la situación, el anuncio no sorprende mucho, aunque sí genera alarma.

Y es que lo que está en riesgo no es menor: asistimos al desmonte de una forma de cuidar la salud que ha arrojado en general buenos resultados, a pesar de los desafíos que persisten. Con el sistema de aseguramiento, el país ha alcanzado una cobertura casi universal y los principales logros se evidencian en las familias de bajos ingresos: el componente de salud fue responsables de la mayor contribución a la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia desde que esta se mide. Hoy los hogares con alguna privación en su aseguramiento en salud son solo 6,7% del total, y los que enfrentan alguna barrera de acceso a servicios de salud son apenas 1,8%. En los últimos veinte años, la expectativa de vida ha subido más, y el índice de muertes evitables ha caído más en Colombia que en el promedio de la Ocde. Todo esto gastando apenas US$100 mensuales por usuario, cuando en EE.UU. se gastan US$1.000 (ajustando por paridad), y requiriendo que el usuario aporte tan solo 15% del gasto, cuando en 1993 aportaba 50%.

Quizás por eso no sorprende que en general los colombianos estén satisfechos con la atención en salud que reciben y tengan una imagen favorable de actores clave del sistema como las EPS y las IPS. Y en cambio sí es llamativa la obstinación del gobierno nacional con el desmonte de dicho sistema, a través de una reforma que no logra consensos ni enfrenta sus principales desafíos, o por la vía de acentuar sus complejos problemas de financiación. En particular, preocupa que, siendo el gobierno nacional el responsable de garantizar el flujo adecuado de recursos, se encuentre tanta resistencia a reconocer que en los últimos tres años ha existido una insuficiencia persistente en el ajuste de la unidad de pago por capitación (UPC), la principal fuente de financiación del plan de beneficios en salud.

Según cálculos de varios académicos, para 2022 se presentó un ajuste en la UPC que ex-post resultó insuficiente en cerca de 7,2%, entre otras cosas por la sorpresa inflacionaria que experimentamos (la UPC se ajusta con la inflación). Esta insuficiencia acumuló un déficit de $3,5 billones que no fue subsanada ni en 2022, ni en el ajuste de 2023. Al contrario, según los mismos cálculos, la UPC de 2023 fue nuevamente insuficiente en 6%, causando una brecha de $3,7 billones adicionales. Finalmente, al no hacer los ajustes de 2022 y 2023, la insuficiencia en la UPC se mantuvo para 2024, en un porcentaje cercano a 7%. Es decir, el sistema acumuló un faltante de financiación de $7,2 billones entre 2022 y 2023, y posiblemente sume un faltante adicional de $4 billones en 2024. Así las cosas, no resulta enigmático que muchas EPS comenzaran a mostrar pérdidas y a destruir patrimonio en los últimos 2,5 años.

Todo esto para decir que la difícil de situación de liquidez que viene enfrentando el sistema de salud no es puramente estructural, ni consecuencia de un diseño insostenible. Se trata de un sistema con brechas por cerrar en materia de salud preventiva y rural, y con desafíos estructurales por la mayor longevidad y preocupación por el cuidado y la buena salud (noticias excelentes pero costosas), pero de ninguna manera insalvable si desde el gobierno nacional se adoptaran medidas necesarias de incremento en su financiación y de uso razonable en la garantía del derecho.