Los “hooligans“ criollos

Impresentable. En menos de 72 horas, 16 policías lesionados por violencia en los estadios, millones en pérdidas por los destrozos, vehículos de la Policía empleados para el patrullaje en las calles destruidos e incendiados. Hace unas semanas, en Ibagué, un hincha salta a la cancha y golpea un jugador, éste le responde, inicia la riña, se suspende el partido. Sólo en los primeros meses de 2023, cuatro eventos críticos de violencia han opacado el fútbol en Bogotá, Medellín y Manizales.

Esta situación recuerda los hooligans de los 80 en Inglaterra. La clave consistió en reconocer que no eran sólo un problema de seguridad, sino un fenómeno sociocultural de jóvenes sin una red de apoyo familiar y la extensión del pandillismo, buscando identidad en los equipos de fútbol. Además de que los clubes, quienes recibían los beneficios económicos, se apropiaran de la responsabilidad logística y de seguridad, no dejándole el problema a la Policía y los ayuntamientos.

Por una parte estrictas leyes para este tipo de violencia, restricciones de ingreso a espectáculos de por vida, y por otra, fortalecimiento de la logística, para lograr una fuerte disuasión: videovigilancia, biometría y bases de datos para identificar los hinchas. Se crearon los llamados “Stewards”, que gestionaban la relación con las barras y proveían la seguridad, liberando los policías requeridos en cada partido -eventos que son privados como cualquier concierto-, y optimizarlos en las calles.

El caso colombiano no es diferente. En una semana se celebran ocho partidos sólo de la liga nacional, que demandan entre 200 a 1.000 policías en promedio cada uno, los cuales afectan la disponibilidad policial en cada ciudad. Con la declaratoria de inexequibilidad del Título VI de la Ley 1.801 de 2016 Código Nacional de Seguridad, que regula actividades con aglomeraciones de público complejas, en su artículo 62, que señala, la seguridad como responsabilidad de los organizadores, la Policía está viéndose obligada a asumir este tipo de servicios.

Tres acciones se proponen. Primero, que la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, (Ley 1.270 de 2009) agrupe los esfuerzos y lidere un plan efectivo. Segundo, una robusta arquitectura logística de organización y seguridad entre clubes, hinchas, administraciones locales y la Policía. Ni la institución, ni la ciudadanía, pueden seguir llevando la carga de la seguridad, los lesionados y los destrozos en áreas residenciales.

Y tercero, una estricta aplicación de la ley. La Ley 1.145 de 2011 señala penas para quien solamente incite a la agresión física o verbal y genere daños dentro o fuera del estadio. Participar en estos eventos implica un deber cívico superior, al provocar una emergencia que involucra masas, residentes y muy especialmente a jóvenes y niños que no pueden ver en el fútbol un camino de violencia y vandalismo.

Si bien hay un problema cultural, también lo hay de organización, prevención y sanción. El ímpetu de la afición no debe medirse por la “furia” ni “bravura” de las barras, lo debe ser por la fuerza pero de los cánticos, del colorido y del espectáculo en paz, para evitar que se reproduzca una Hidra de Lerna, con mil cabezas en cada evento que se realice y tengamos una temible versión de hooligans criollos.