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La alerta nacional de la Defensoría del Pueblo en 11 focos de emergencia humanitaria por confrontaciones entre grupos ilegales, corrobora la compleja situación de seguridad. El país no puede despistarse con fabricadas cortinas de humo, la coyuntura demanda un liderazgo nacional en materia de seguridad desde el sector defensa. Propongo y con el fin de evitar que se reproduzca un escenario crónico para la seguridad nacional, trazar un plan intersectorial inmediato sobre tres ejes: control territorial, fortalecimiento de la inteligencia y capacidad interoperable del Estado.
Primero, el control territorial, que no es solo presencia de militares y policías. Se trata de visibilizar el Estado en todas sus dimensiones y con la misma velocidad en territorio: infraestructura, educación, salud, desarrollo productivo y agroindustrial, inhabilitando estos espacios que ocupan los ilegales. Es anular el margen de acción en estos ámbitos que ellos emplean para subsistir, buscando el “reemplazo” del Estado. La declaración del exministro de Defensa en el Consejo de Ministros sobre El Plateado, donde reconoce que no ha habido una decisión articulada de gobierno para transformar ese espacio, refleja el esfuerzo limitado y solitario de la Fuerza Pública.
Una fórmula que dio resultado fue el modelo de Fuerzas de Despliegue Rápido, Fudra, emulando el éxito de la reconocida “Omega” en el sur del país; sin embargo, esta capacidad especializada en operaciones contra grupos irregulares, necesariamente debe tener un respaldo jurídico y supraterritorial frente a algunas jurisdicciones especiales que son aprovechadas por los ilegales para ampararse como estratagema para bloquear la acción institucional. La seguridad como fin constitucional del Estado es del interés general y prevalece como bien supremo y derecho fundamental de todos los habitantes del país.
Paralelamente, el bloqueo de las finanzas criminales usufructuadas del territorio (cultivos, minería, extorsión), contribuye a este propósito. En este sentido, se debe plantear la reactivación de la aspersión y un esfuerzo en ampliar la capacidad de erradicación de cultivos ilícitos. Es la única forma de contener el acelerado crecimiento que el año pasado llegó a 250.000 hectáreas, la más alta en la historia del país y que continuará aumentando de no frenar de inmediato su expansión, fortaleciendo aún más a los ilegales.
En departamentos y capitales, será necesario abrir un diálogo técnico y político con gobernadores y alcaldes, donde el Gobierno anteponga la seguridad como bien público, a las diferencias con los mandatarios regionales y locales. Ellos han asumido con actitud estoica esta responsabilidad de cara a sus comunidades. Fundamental, priorizar el pie de fuerza policial en seguridad ciudadana, desligándolos de tareas que les han ido colgando y que no son urgentes en la actual coyuntura, acompañados con tecnología, movilidad, equipo y medios para su funcionamiento. Para esto es indispensable descongelar el recorte de recursos del sector, que pone a las instituciones en desventaja frente a la delincuencia.
Segundo, fortalecer la Inteligencia. Recuperar las instancias de coordinación que integraban todas las agencias al mismo nivel, evitando su uso con fines políticos y protegiendo el espíritu de la Ley de inteligencia y contrainteligencia: la preservación del régimen democrático y las instituciones frente amenazas como el terrorismo y el crimen organizado. Se deben evitar ambiguas iniciativas que buscan desarticular esta capacidad de Estado. Hay que posicionar la inteligencia estratégica para que produzca inteligencia operacional. Sin lo uno no puede haber lo otro. La recolección, análisis y diseminación de información con vocación operable táctica y estratégica, permitirá anticipar y golpear con contundencia los nichos de finanzas, sus cabecillas y organizaciones.
Tercero, capacidad interoperable del Estado. Se requiere integrar la oferta estatal, las capacidades investigativas de la Fiscalía y la Judicatura, con sanciones ejemplares para lograr efectividad en la disuasión contra el crimen. No pueden continuar los esfuerzos aislados. Una mayor disponibilidad de fiscales en lo seccional y local, donde se prioricen las investigaciones contra la extorsión y el hurto, que tanto le duelen al comerciante y al ciudadano de a pie, permitirán una judicialización efectiva, evitando la recurrencia y reincidencia de delincuentes que luego de capturados, quedan sueltos por vericuetos jurídicos, deteriorando la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones.
No se puede tener un militar en cada kilómetro de territorio o un policía en cada esquina, pero sí es posible converger esfuerzos para preservar el interés nacional, hacer llamados y propuestas técnicas desde la academia, los sectores productivos afectados por la inseguridad y las instituciones, para articular el Estado con un solo propósito: el de proteger y cuidar a la población, con el deber superior que le asiste a la gestión pública de servir. Nunca es tarde para corregir.
