¿Traficantes de la muerte?

Delirante, ofensiva e irresponsable afirmación contra los médicos. De ninguna manera se puede descalificar las personas, mucho menos a los trabajadores de la salud, mujeres y hombres de ciencia que salvan vidas. Se volvió costumbre el ataque y la ofensa cuando se carece de argumentos. En la peor crisis de la salud que ha enfrentado Colombia recientemente, se confirma el desespero por el caos creado, producto de la imposición de un modelo ideológico sin fundamento técnico, financiero y hay que decirlo, sin compasión y humanidad con el sufrimiento de pacientes y sus familias.

El Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social de Colombia, publicó en su último documento del 19 de marzo, las decisiones que se están tomando sin rigor técnico y que ponen en serio riesgo el sistema de salud. Allí se enfatiza el vigente incumplimiento del ajuste de la UPC 2025 ordenado por la Corte Constitucional, que procura garantizar el derecho a la salud, ordenando la destinación del mínimo recurso promedio para la atención de pacientes y de manera consecuente, advierte este grupo de expertos, el impacto en la atención, ya que ante la falta de recursos, se crean más barreras de acceso e incrementa el riesgo de mortalidad. Una enfermedad no da espera.

El modelo que se quiere imponer, saltándose el Congreso y con absoluta indolencia de los padecimientos en la atención que hoy sufrimos los colombianos, evoca la estatización del servicio de salud con el que nació a mitad del siglo pasado, el Instituto de Seguros Sociales, ISS, que con el tiempo probó su ineficiencia, corrupción y una escasa cobertura de solo 20% de la población en Colombia, lo que conllevó a su liquidación.

Ninguna iniciativa donde el Estado controle absolutamente la economía, llámese estatización o vía expropiación ha prosperado en el mundo. En materia del derecho a la salud debe permitirse la libre competencia y elección por parte de los usuarios, sobre una base de viabilidad financiera que garantice acceso, cobertura y atención ¿Que debe haber regulación de los precios? Por supuesto ¿Que se debe promover un mayor acceso y de atención especializada? Desde luego. Ningún sistema de salud en el mundo es perfecto, pero lo que es cierto es que Colombia probó avances en los últimos 30 años, demostrando que el sistema, con aspectos por corregir, era sostenible, permitió la ampliación de la oferta de servicios y la obligatoriedad en la atención, así fuera vía tutela.

Ahora, ni los mecanismos de participación ciudadana sirven, pues las IPS no tienen como cumplir las sentencias, sencillamente porque no tienen plata. El gobierno no les ha girado los recursos y con una UPC tan baja, son absolutamente inviables financieramente con el modelo de asfixia que les imponen. Las tutelas se duplicaron entre 2023 y 2024 llegando a más de 8.000, es decir, que se reciben 22 acciones de este tipo por día, sólo en materia de salud.

Los reclamos por la falta de entrega de medicamentos aumentaron sólo en el último año en 63,5%, al pasar de 194.415 quejas a 318.000, según cifras de la Superintendencia de Salud. También la Defensoría del Pueblo, alertó el aumento exorbitante de quejas en un 75,7%, especialmente en la falta de oportunidad en la atención médica especializada, servicios médicos esenciales y retrasos en entrega de medicamentos. En conclusión, todas las alertas prendidas, desde todas las aristas.

Si bien expertos confirman que no hay un problema de abastecimiento, entonces ¿Por qué no se entregan medicamentos? sencillo: es por la encrucijada a la que se enfrentan las IPS y los laboratorios. En la metáfora de la panadería de barrio, si se fía y no pagan, pues se deja de vender, porque no hay como sostener, es decir, se liquida. Aún para el paciente que tuviese capacidad adquisitiva y acuda a una droguería a comprarlos de su bolsillo, tampoco lo puede hacer, porque esta reacción en cadena, al ver que las EPS no pueden pagar los medicamentos a los operadores, ante la negativa de giro de recursos por parte del gobierno, provoca que tampoco importen o fabriquen, afectando toda la cadena de abastecimiento y por ende, la confianza, minando progresivamente el sistema.

A las mujeres y hombres de ciencia, trabajadores del sector salud, se les debe rodear y proteger para que no sean blanco de la demagogia y escuden en ellos, la falta de conocimiento y experticia técnica en el manejo de la gestión pública y la administración del Estado, cuando ya lo han destruido todo. La descalificación es el arma de la ignorancia. Se les olvida que se ellos se expusieron, poniendo en riesgo sus vidas durante la pandemia.

Se construye con base en la argumentación y no con alaridos, con la cabeza y no con los gritos, es con debate técnico y mediante el consenso. El escenario por excelencia es el Congreso y el imperio del derecho, no en las calles, eso no es democracia.