Una mina de oro

El sector minero genera casi un millón de empleos entre 160.000 directos y más de 750.000 indirectos, aportando al país 2% de su PIB con más de $8 billones en regalías e impuestos, definitivamente un renglón fundamental para la economía. Pero esa “mina de oro” se ve seriamente amenazada por los grupos ilegales, la ausencia de liderazgo y acompañamiento del Gobierno en los territorios y especialmente de diálogo técnico que facilite la formalización minera, la efectiva articulación con el sector privado y la transición hacia una explotación moderna, responsable con el medio ambiente y que beneficie el desarrollo de las comunidades.

Lo ilícito. La dimensión de la operación económica de las organizaciones criminales es millonaria. Recientemente la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, desmantelaron una red criminal de explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de Buriticá, Bolombolo y Jericó, donde descubrieron ganancias para estos grupos ilegales de $4.500 millones al mes, es decir, más de un US$1 millón, sólo en estos municipios. Tan rentable como el narcotráfico, es menos riesgosa y les ofrece mayor clandestinidad en la operación.

Lo político. Continuando con el ejemplo de Antioquia, la problemática se extiende a las subregiones del norte, nordeste y Bajo Cauca, las cuales, por su vocación minera, mantienen una tensión permanente por la coacción de los grupos ilegales y la necesidad de formalización. Además, luego de la Resolución 1141 de 2023 donde la Agencia Nacional de Minería asume las funciones de fiscalización, seguimiento y control minero que antes tenía el departamento, se han presentado múltiples dificultades técnicas y de voluntad política desde el Gobierno, las cuales demandan especial urgencia e inminente atención por las expresiones de informalidad y criminalidad, que crecen en la medida que no se dispongan inmediatas acciones desde el orden nacional. La misma situación se replica en Cauca, Chocó, Santander y Bolívar, entre otros.

Lo técnico y ambiental. Desde 2016 la Corte Constitucional ordenó la conformación de una mesa entre el Ministerio del Interior, Ambiente, Parques Naturales y la Contraloría, para medir el impacto de la actividad minera en el ecosistema, precisando que 63% de las extracciones mineras censadas no cuenta con título minero, lo que abre una zona gris que aprovechan los ilegales o donde la falta de formalización y pedagogía, permite la inobservancia de las normas de protección ambiental para la explotación, como el uso de mercurio, que por su altísima toxicidad, no solo afecta ríos y fuentes de agua superficiales, sino la salud. Colombia ratificó el Convenio de Minamata, un tratado internacional que obliga el control en el empleo y emisiones de esta sustancia, por eso, su uso es innegociable.

Lo social. Detonantes como el homicidio del líder minero Jaime Gallego, son la punta del iceberg de la zozobra con la que viven estas comunidades. Pero como hemos reiterado en múltiples columnas, donde no hay seguridad no hay economía, no puede existir un abordaje aislado que rechace la actividad de mineros ancestrales y artesanales, como tampoco la de inversión que realiza el sector privado, quienes de manera responsable han acogido todas las regulaciones naciones e internacionales en la materia, especialmente en las prácticas ambientales, promoviendo una explotación responsable y además, la vinculación de mano de obra local, así como la formalización minera de los pobladores en estos municipios.

Los anuncios de paro, no solucionan de fondo la problemática, finalmente le queda a las autoridades departamentales y locales, que no tienen la competencia y por el contrario, afecta a transportadores, el comercio local y en últimas a la misma población.

Como señalé en la columna del 20 de noviembre de 2024: “Productividad, sostenibilidad y seguridad contra la minería ilícita”, en este diario económico, es necesaria una respuesta económica-estratégica, que articule competencias con las autoridades regionales, las cuales por estar en terreno, en coordinación con las empresas del sector privado y las poblaciones mineras, puedan implementar un modelo operativo, que garantice la inversión, la protección ambiental y el control de la explotación, pero también la seguridad, la formalización, pedagogía y desarrollo de las comunidades, como hoja de ruta para evitar que se acabe la “mina de oro”.