Aliviar tarifas de energía eléctrica en la epidemia

Aunque en el corto plazo es ineludible covidar con recursos públicos las tarifas de energía, no se puede eludir la necesidad de superar los cuellos de botella, algunos de orden legal, que nos ubican como uno de los países con las tarifas de energía más altas de la región y de los países de la Ocde. A pesar de la casi integración vertical de la cadena de valor del suministro de energía y los costos asociados a promover energías renovables, los precios de generación en el mercado mayorista reflejan el comportamiento y la evolución del mercado. Sin embargo, el precio al usuario final no es tan competitivo.

Recuérdese que entre los principales factores que distorsionan las tarifas de energía se encuentra que el esquema de solidaridad no corresponde con la realidad del país, principalmente con el principio de focalización para la atención a la población más vulnerable.

En un país donde la pobreza no llega al 30% y la pobreza multidimensional es menor al 20%, no obstante, casi el 90% de los hogares del país están subsidiados.

Un ejemplo de las distorsiones y subsidios sin justificación lo dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien reconoció recientemente que ella y su esposa, la senadora, Angélica Lozano, viven en un edificio que pertenece a estrato tres y que, por ende, reciben subsidio.

Igualmente, las tarifas de energía se encarecen por la incorporación de contribuciones que deben pagar los usuarios, como transferencias ambientales y a los fondos de universalización de servicios y normalización de redes, al fondo empresarial; por las sobretasas a los usuarios industriales y comerciales y por los costos del alumbrado público que se vinculan al consumo de energía.

Sin duda entonces que la situación de emergencia causada por la pandemia del covid-19 amerita explorar una reducción en el valor de la tarifa, más allá de los alivios que representan diferir pagos. El Gobierno Nacional debe congelar las contribuciones durante el tiempo que dure la emergencia o seguramente de forma permanente, teniendo en cuenta que el subsidio de energía proviene en su mayor parte del presupuesto nacional y después regresa a través de contribuciones. Por lo tanto, las inversiones realizadas por los fondos pueden ser asumidas directamente por el Presupuesto General de la Nación.
Si se logra materializar estos ajustes y se focaliza el esquema de solidaridad, se puede pensar en un mínimo vital gratuito a la población más vulnerable del país, ajustando el consumo de subsistencia y aumentando el período de facturación a este sector.

No se trata de acudir a la vieja fórmula de cargar todas las obligaciones al presupuesto público, que naturalmente es escaso y limitado, ni de generar una cultura de gratuidad. Se trata de generar un alivio al mayor número de colombianos, especialmente a los más vulnerables, en la perspectiva de lograr a mediano plazo unas tarifas razonables y competitivas para nuestra economía.